Cuando, en febrero del 2024, Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, la ministra de Igualdad, Ana Redondo (licenciada y doctora en Derecho Constitucional, además de profesora de esta materia en la Universidad de Valladolid), no perdió tiempo en celebrarlo diciendo que «han funcionado todos los protocolos» y que «la ley del ‘solo sí es sí' funciona». Pues va a ser que no. El varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la sentencia contra el futbolista es épico: destaca falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y considera que las pruebas practicadas en el juicio no permiten «superar los estándares que exige la presunción de inocencia». Lo que pone los pelos de punta es que el TSJC recuerda que en aquel fallo de hace un año ya se reconocía que lo que afirmaba la víctima «no se correspondía con la realidad», y aún así Alves dio con sus huesos en la trena. Catorce meses en prisión, el final de su carrera profesional, pérdidas millonarias al ser rescindido su contrato y cancelados sus patrocinios. Redondo debería volver a la facultad para estudiarse el artículo 14 de la Carta Magna.
La violencia de género es algo muy serio y muy grave como para legislar o juzgar sobre ella por interés político o presión social. No se puede generalizar pensando que todo hombre lleva dentro un agresor en potencia. Las denuncias falsas existen y quienes no lo reconocen hacen un flaco favor a las auténticas víctimas.