Cuando los accidentes con víctimas los origina el Estado
OPINIÓN
La ciudadanía debe conocer que las empresas ADIF, responsable de la construcción y mantenimiento de la red ferroviaria en España, y Renfe, responsable de la prestación de servicios ferroviarios de viajeros no liberados, como es el caso de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia, son empresas dependientes del Ministerio de Transportes, cuyo ministro aprueba sus presupuestos y nombra a sus presidentes. Y los ministros, al amparo del Consejo de Ministros, dirigen la Administración del Estado.
Cuando una empresa privada, en el ejercicio de su actividad, provoca un accidente con víctimas, el Estado puede investigar, perseguir y, llegado el caso, penalizar las conductas y prácticas irregulares de empresas y de sus profesionales, de tal modo que las víctimas, ciudadanos que pagan sus impuestos, se sientan arropados y defendidos ante la irresponsabilidad de actuaciones de las empresas que merman la calidad y la seguridad incumpliendo las normas a que les obligan las leyes.
Pero, cuando un accidente con víctimas se origina por acción u omisión de empresas del Estado, la dinámica de defensa de los ciudadanos se pervierte, llegando estos a tener la doble consideración de víctimas. Primero, porque lo habrán sido en su integridad física total o parcial y segundo, porque la maquinaria jurídica del Estado se vuelve contra ellos, impidiendo y dificultando, la celebración de un juicio imparcial y la mejor defensa de la parte más débil, los ciudadanos perjudicados.
Porque hay que saber que, en el caso de accidentes con víctimas que originan las empresas del Estado, los más altos cargos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que pagamos el sueldo los ciudadanos, se emplean a fondo para evitar que se culpe a «sus empresas» y funcionarios, al tiempo que sacan toda su artillería contra los damnificados, contra sus argumentos y contra sus «coitados» defensores, que se ven obligados a darse de bruces con los muros de la Administración, del corporativismo y del secretismo con que les protege el poder político de turno.
Que aceptemos el cumplimiento de las leyes, no nos obliga a callar la denuncia ante nuestros legisladores, para que dediquen, tan solo un momento, a razonar sobre esta injusta paradoja: en los accidentes causados por el Estado, las víctimas sostienen con sus impuestos a los altos cargos y funcionarios que, en lugar de defenderles, les atacan y les impiden obtener en tiempo y forma, una justa satisfacción, algo que no encaja en un Estado de derecho.