El Imserso eliminó a 3.500 gallegos de la lista de beneficiarios de la ley
11 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El pasado lunes, el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) anunciaba el recorte de 32.000 personas en la lista de dependientes que reciben prestación en España. De este total había unos 3.500 gallegos. Teóricamente, se trata de personas que han fallecido y por las que las comunidades siguen cobrando un dinero al mes de las arcas estatales.
Ahora la Xunta ha enviado al Gobierno central una carta en la que pide explicaciones porque las cifras no cuadran y quiere saber exactamente a quién se le va a quitar la prestación y por qué motivo. En total, de aquí a finales de año la Xunta teme que recibirá unos cinco millones de euros menos.
Según explican desde la Consellería de Traballo, desde la unificación del sistema informático el año pasado, las comunidades ajustan mensualmente el número de dependientes con el Instituto Nacional de Estadística (INE) por las defunciones. El Estado controla este proceso, que en Galicia supone un reajuste mensual de entre 200 y 400 personas que cobraban algún dinero. Redondeando, de las 3.500 bajas que anunció el Gobierno, 3.000 les resultan absolutamente inexplicables.
La directora xeral de Dependencia, Coro Piñeiro, pide por escrito a su homóloga del Imserso, Purificación Causapié, que le explique «en qué consiste la mejora técnica implantada sobre el control de vivencia de los datos facilitados por el INE» y «cuáles son los criterios tenidos en cuenta y sobre qué expedientes concretos de esta comunidad ha recaído esta supuesta mejora». Es decir, cómo han detectado 3.500 muertos en la lista de 33.300 gallegos que reciben alguna prestación de la ley de dependencia y quiénes son.
El Ejecutivo, desleal
La consellería que dirige Beatriz Mato considera que este cambio tan importante en el número de dependientes debería haberse tratado con antelación, ya que si bien las arcas estatales están exigidas, lo mismo le ocurre a las autonómicas. No haber abordado el asunto «constituye una falta de lealtad institucional hacia las comunidades autónomas, en lugar de la tan necesaria cooperación», máxime en los tiempos que corren.