El profesorado no ve clara la intención del Gobierno de hacer excepciones al cierre de los centros educativos
30 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El día después del anuncio sobre cómo será la desescalada no trajo aclaraciones para el mundo educativo. Las comunidades autónomas desconocen aún cómo pretende el Gobierno organizar la apertura de centros para dar clases de refuerzo o atender a los niños de educación infantil. Por eso, la reunión que ayer por la tarde mantuvieron representantes de centros educativos de Galicia con la Consellería de Educación no permitió aclaraciones al respecto. Sí sirvió para volver a constatar la inquietud que generan los posibles riesgos que pueda traer asociada la reapertura de aulas, aunque sea solo para algunas excepciones.
«Si se ha establecido que el curso presencial empezará en septiembre no debería haber ninguna excepción. Creo que es un riesgo que no deberíamos correr, no podemos estropear lo que se ha hecho por un mes y poco que pueda quedar de clase», opina Francisco Lires, representante de los directores de colegios públicos de infantil y primaria, como presidente de Fegadicep. Lires consideró, además, que permitir la vuelta al colegio de algunos alumnos, pero no de todos, introduce una discriminación. «O se abre o no se abre», opinó tajante. También se mostró muy crítico con el uso de «aparcaniños» que se planea dar a los colegios. «Somos centros educativos, no se puede obviar que esa es nuestra función y reducirnos a una herramienta de conciliación», censuró.
La misma reflexión se hizo desde el sindicato de profesores ANPE, que además resaltó las dificultades que supondrá compaginar la enseñanza a distancia que ya se está impartiendo con las nuevas tareas presenciales que se quieren asignar a los centros. Para esta organización sindical, los planes del Gobierno para el sector educativo son «precipitados» y están dominados por la «confusión» y la «inconcreción», y no deben llevarse a cabo sin asegurar que se pueden adoptar todas las medidas de seguridad sanitaria.
En esa línea, desde el sindicato CSIF se demandó un plan preventivo ante la posible vuelta de alumnos a las aulas. Entre las medidas que solicitan está el establecimiento de una ratio máxima de doce alumnos por clase, que haya entradas y salidas escalonadas o por turnos, una separación mínima de dos metros entre docentes y alumnado, mascarillas obligatorias, dispensadores de gel hidroalcóholico en lugares estratégicos de los centros y que se excluya al personal de riesgo de acudir a los mismos.
