El Sindicato Labrego Galego está dispuesto a seguir luchando hasta lograr la anulación de las concesiones mineras con que cuenta la empresa Erimsa para extraer cuarzo en la comarca chairega. Así lo manifestaron ayer Carmen Freire, secretaria general de este sindicato, y Margarita Prieto, responsable comarcal del SLG en Terra Chá, quienes anunciaron que impulsarán alegaciones contra la extracción de cuarzo por parte de la citada empresa en los municipios chairegos. Las representantes del SLG avanzaron la predisposición de este sindicato de llegar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para parar esta actividad minera, que consideran especialmente lesiva en una zona en la que la actividad agropecuaria es muy importante.
Este sindicato informó además de que esta semana se presentó la primera demanda por la vía contencioso-administrativa contra esta concesión. El autor de la misma fue un vecino de la parroquia de Goá, en Cospeito, en la que se está ultimando la concentración parcelaria y donde 538 hectáreas se verán afectadas por la concesión. Las responsables del Sindicato Labrego Galego explicaron que alguna de las concesiones mineras que afectan al ayuntamiento de Cospeito ya se encuentran en fase de exposición pública para dar paso a la actividad extractiva. Por el momento los afectados podrán presentar alegaciones hasta el próximo 17 de enero y desde este sindicato han puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afectados.
El SLG también impulsará nuevos recursos para conseguir que la superficie afectada obtenga la consideración de suelo de especial protección agropecuaria, lo que automáticamente inhabilitaría las concesiones mineras.
Múltiples irregularidades
En relación con esta concesión, el Sindicato Labrego Galego denunció por otra parte que existen graves irregularidades en la tramitación de la declaración de impacto ambiental, ya que no se solicitó ningún informe a la Consellería de Medio Rural, algo que consideran fundamental para demostrar el impacto de las explotaciones mineras sobre la actividad agrícola y ganadera.
Otras irregularidades se refieren, según este sindicato, al hecho de que la información elaborada por Patrimonio no fue expuesta al público o a que la declaración de impacto ambiental no se publicó íntegramente en el DOG y no se trasladó la exposición al público del impacto ambiental a todos los ayuntamientos implicados. Así las cosas, el SLG va a poner a disposición de asociaciones y vecinos de la zona toda esta información para iniciar nuevos recursos de revisión conjuntos.