El PP se interesa en el Congreso por saber si la recogida de Puleva estará garantizada en el futuro
AGRICULTURA
La venta de Ebro Puleva a Lactalis llegó ayer al Parlamento a través de una pregunta de la diputada Olga Iglesias Fontal, quien se interesó por conocer si el Gobierno está «en condiciones de garantizar a los ganaderos españoles el nivel de recogida de leche».
La portavoz adjunta de Agricultura formuló su pregunta al secretario de Estado de Medio Rural y Medio Marino, Josep Puxeu. La parlamentaria lucense insistió en que el Gobierno ha desaprovechado la venta de Puleva «una empresa en la que poseía una participación significativa para intentar favorecer la creación de un gran grupo lácteo nacional, sobre todo en medio de una situación de crisis como la actual».
La diputada aseguró en su comparecencia en la comisión de medio rural del Congreso que compartía «el temor de los ganaderos españoles de que las decisiones del Gobierno contribuyan a acentuar la brecha existente entre la leche que se produce y la que se consume». Recordó que en España se consumen 9 toneladas de leche y se producen únicamente 6,2 millones. «Con este nuevo escenario empresarial, -apostilló- que ustedes están apoyando, los ganaderos españoles temen que esta diferencia se acentúe».
Olga Iglesias explicó que los ganaderos gallegos temen que las empresas de capital foráneo, como es el caso de Lactalis, que acaba de firmar un acuerdo para la compra de Puleva, «tienen miedo de que España se convierta, aún más si cabe, en el sumidero de leche de Europa, lo que incrementaría el desequilibrio entre consumo y producción de leche».
La diputada reconoció en su intervención que la compraventa de empresas en un mercado libre responde a criterios empresariales, sin embargo, censuró el papel del gobierno, «cada vez más debilitado en la defensa de los intereses de los ganaderos».
Trámites
Quedan todavía algo más de dos semanas para que Puleva y Lactalis formalicen el acuerdo alcanzado, que supone la venta de la división láctea de Ebro Puleva en 630 millones de euros. Los trabajadores de la planta de Nadela no recibieron todavía información acerca de cómo les afectará el cambio de titularidad de la industria. El comité demandó información tanto de la compradora como de la vendedora.