La entrada en vigor el 1 de enero de la normativa comunitaria que prohíbe el abonado con purines mediante el uso de cisternas con sistemas de abanico o cañones tiene el sello de la improvisación y la ceguera burocrática de la que tantas veces hacen gala ciertos técnicos de la Comisión que legislan sobre el campo sin salir de la moqueta de su despacho. No puede entenderse de otra manera que se haga recaer sobre los ganaderos de vacuno el peso de una reconversión de equipamientos cara -adaptar en las actuales cisternas los mecanismos para inyectar el purín puede supera los 20.000 euros- y, sobre todo, injusta porque los residuos de vacuno son los menos contaminantes y los que menos computan en el global, puesto que apenas suponen un tercio de sectores como el porcino o el avícola.
Además, a nadie se le escapa que ni la estructura de la propiedad de la tierra, (pequeñas parcelas) ni la morfología espacial de las mismas (fuertes pendientes) son las más adecuadas para el trabajo con unos equipos más aparatosos y pesados que, además, van a requerir la compra de tractores más potentes, de mayor consumo, y por lo tanto con mayor aporte de CO2.
Desde Unións Agrarias hemos impulsado diversas iniciativas para que las administraciones apliquen una exención a las explotaciones de Galicia por la imposibilidad financiera y técnica de estas para adaptarse a estas directrices. Creemos que el cómputo y reparto de la emisión de dióxido de nitrógeno a la atmósfera debe hacerse de modo global y no legislando contra los perceptores de la PAC -aprovechando que el cobro de sanciones es sencillo- para evitar la frivolidad de convertirlos en rehenes de un balance ambiental en el que son el sector que menos contribuye a su desequilibrio.
También creemos que el desmantelamiento por parte del Gobierno del aprovechamiento energético del biogás que supuso la revisión a la baja de las subvenciones en todo tipo de plantas de renovables ha contribuido a la acumulación de la carga de purines de origen porcino que, por otro lado, son los que poseen mayor poder de contaminación. A ella hay que sumar la polución de desconcierto político que provoca la conselleira de Medio Rural, que indicaba en un acto con jóvenes ganaderos que, gracias a la Xunta, no será necesario comprar maquinaría para enterrar purines; y la ministra de Agricultura, que dio a entender que la UE será inflexible en la aplicación de la norma.
Para finalizar, solo una reflexión, desde hace siglos la explotación animal ha estado siempre integrada dentro de la explotación agrícola y en esa relación el estiércol se revalorizaba directamente y cumplía su misión de mejorar la formación y el mantenimiento del humus fértil para garantizar las cosechas. Hoy igual que ayer, la tierra necesita nutrientes orgánicos o industriales para mantener una producción viable para garantizar el acceso a los alimentos. Cabe pues preguntarse si por parte de otros sectores de actividad industrial se ha mostrado la misma sensibilidad hacia el entorno y si tal vez a los granjeros les van hacer pagar los platos que otros han roto bajo el chantaje de retirar unas ayudas que como las de la PAC fueron creadas para garantizar productos alimentarios de proximidad, sanos y a precios asequibles.