¿Se podrán seguir solicitando permisos para quemar los restos agrícolas?

Es una de las prácticas más habituales en las explotaciones e incluso en las fincas particulares de Galicia: se junta restos agrícolas de podas o limpiezas de terreno y se les planta fuego, tras haber obtenido la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia y cumplir con una serie de medidas pensadas para que el fuego no se descontrole. El problema es que la nueva Ley de residuos y suelos para una economía circular, que entró en vigor el pasado mes de abril, tiene toda la intención de poner fin a esta práctica. De hecho numerosas organizaciones agrarias han puesto ya el grito en el cielo porque prohibir estas quemas supondría un gran sobrecoste para las explotaciones que quieran deshacerse de estos residuos, además de que triturarlos e incorporarlos al suelo, como propone la norma, no siempre es factible con estos restos.

«O uso tradicional do lume é unha práctica moi arraigada e perfectamente defendible dende o punto de vista medioambiental, cando se queiman restos vexetais sen materias estrañas, como puideran ser plásticos ou outros», asegura Jacobo Feijoo, portavoz de Unións Agrarias. Sostiene que la Consellería de Medio Rural autoriza, todos los años, alrededor de 400.000 permisos de quema, repartidos en los períodos del año en los que estos se pueden autorizar, pues esta práctica está totalmente prohibida durante el verano o cuando las condiciones meteorológicas lo desaconsejan.

El problema es que la nueva ley deja muy claro que «con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola» y que esta práctica solo podrá hacerse tras obtener una autorización individualizada que esté justificada, por ejemplo, en razones de carácter fitosanitario. Es decir, que para evitar el contagio de hongos u otras enfermedades sea preciso quemar los restos. «Iso significa que todos os permisos de queima pasarían a estar sometidos a unha autorización expresa, con todos os trámites que iso implicaría», insiste Feijoo. Es decir, que sería el fin de los tradicionales permisos de quema que otorga la Xunta todos los años.

Desde Unións Agrarias recuerdan que esta práctica de quemar los restos agrícolas «é segura, porque ten limitacións cando se concede, e é bastante eficaz, porque evita contaxios de fungos e pragas», añade Feijoo. Por eso en esta organización agraria rechazan la nueva normativa y consideran que «o máis lóxico sería que se aplicara unha moratoria». La misma postura muestran en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que ha reclamado al Gobierno una moratoria de dos años para la aplicación de esta normativa. «Una vez más ha existido un déficit informativo con el sector agrario. Se legisla sobre el campo sin consultar previamente a los afectados y eso genera problemas y distorsiones que no se ven en el despacho», lamentó Miguel Padilla, secretario general de la organización

Pero la nueva ley deja una puerta abierta a la esperanza. Y es que en su artículo dos establece que no se podrán aplicar estas restricciones a «otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente». Esta excepción podría ser utilizada por algunas administraciones para seguir autorizando las quemas agrícolas. «É un artigo que está suxeito a interpretación», explica Feijoo. La duda es si la interpretación que se haga de este segundo artículo será suficiente para que la Consellería do Medio Rural puedan seguir autorizando 400.00 quemas al año en Galicia.

---

---

---