La previsión del ministerio de Agricultura es que a final de año o principios del 2025 esté elaborado el anteproyecto
11 jul 2024 . Actualizado a las 13:36 h.El 82% de las 914.000 explotaciones agrícolas o ganaderas que hay distribuidas por toda España son de carácter familiar. Es más, en Galicia en torno al 95% de las 75.500 granjas registradas en el último censo agrario tienen como titular a una persona física. Dar cobertura a las demandas de unas explotaciones que marcan la diferencia en el tejido empresarial que conforma el sector agroalimentario español con respecto a otros modelos más industrializados es el objetivo de la Ley de la Agricultura Familiar, uno de los grandes compromisos del Ejecutivo central para esta legislatura. Pero para que realmente responda a ese fin, el ministro de Agricultura, Luis Planas, lanzó otro compromiso durante la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): «La ley será lo que acordemos con las organizaciones del sector».
El diálogo con sus representantes para diseñar los contenidos de la nueva norma comenzará en septiembre con la idea de poder tener listo el anteproyecto de ley a finales de año o principios del próximo ejercicio. Entre los temas que deberá abordar está el acceso a las explotaciones, la titularidad compartida, la mejora del acceso a la financiación para poner en marcha el negocio o reconvertirlo acorde a las nuevas demandas del mercado o la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria.
Con esos plazos sobre la mesa el tiempo apremia. Como también urge buscar herramientas que hagan viables esas explotaciones. Ahí la correcta aplicación de la Ley de la Cadena, que prohíbe comercializar productos por debajo de costes de producción tiene mucho que decir. No desaprovechó el ministro para recordar que el Parlamento está tramitando la Ley del Desperdicio Alimentario, una norma en la que se han incorporado dos enmiendas, una de las que tiene que ver con la vigilancia de que realmente se tengan en cuenta esos costes de producción a la hora de abonar a los ganaderos sus productos. Convertir la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en una agencia estatal es uno de los asuntos que recoge una de estas enmiendas. Esto implica dotarla de más personal y, por tanto, reforzar la labor de inspección.
Además Planas avanzó que las iniciativas del Gobierno para la actual legislatura incluyen también la Estrategia Nacional Alimentaria, «cuyos trabajos y foros de preparación se presentarán en este mes y con la que se pretende dar respuesta al reto de producir alimentos en cantidad y calidad, asequibles, que sean sanos y seguros, y que se consigan de forma sostenible, con un menor consumo de recursos naturales».