Pesca y la Agencia Tributaria reactivan 2 aviones para reforzar el control pesquero y contra el narcotráfico
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Firman un convenio para financiar el contrato con la empresa que operará las aeronaves y su mantenimiento
09 abr 2023 . Actualizado a las 04:45 h.Acaba de entregar en colaboración con Interior una nueva patrullera para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil que luchará desde Marín contra la pesca ilegal, el narcotráfico y la contaminación medioambiental y ahora se ha aliado con Aduanas para ganar medios aéreos para esa empresa. La Secretaría General de Pesca y la Agencia Tributaria han firmado un convenio para reactivar dos de los tres aviones de vigilancia que el organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca tiene ahora paralizados en Salamanca. Se trata del Roche y del Sancti Petri, al que hay que sumar el Doñana que, en principio, no se pondrá en servicio y quedará para proveer de piezas a los otros dos.
Ambas aeronaves son propiedad de la Secretaría General de Pesca y están configurados específicamente para la vigilancia e inspección de la actividad pesquera, pero también pueden dar respuesta a las necesidades de Aduanas en materia de vigilancia y control de las actividades en materia de contrabando, narcotráfico, precursores de drogas y blanqueo de capitales, así como la asistencia mutua y cooperación con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y con terceros países en esta materia. Por eso Agricultura y la Agencia Tributaria han firmado ese convenio para financiar la puesta en vuelo de dos aviones en perfectas condiciones de operatividad y contratar a la empresa que se encargue del servicio, que será Avincis, la antigua Babcock.
El mantenimiento y explotación conjunto se realizará conforme a un programa anual de actividades (PAAC), en el que se establecerá un calendario estimado de misiones conjuntas y las fechas estimadas de los aviones para misiones específicas de cada departamento.
Pesca aportará un máximo de 5,4 millones de euros para financiar el convenio de aquí al 2025, mientras que la aportación de la Agencia Tributaria será de 6,2 millones.
Además de la puesta en servicio también tendrán que costear su traslado al lugar desde el que van a operar cada uno de ellos. Fuentes del Ministerio de Agricultura señalan que está previsto que entren en funcionamiento en un plazo de seis meses.