Exmarineros gallegos a los que Noruega dejó sin pensión demandan al país ante la ONU por vulnerar los derechos humanos

Long Hope vuelve a la carga. La asociación de marineros a los que Noruega no dio opción a beneficiarse de pensión de jubilación a pesar de haber trabajado en su flota y pagado impuestos en el país nórdico ha retomado las acciones para tratar de que se reconozca que fueron discriminados por su nacionalidad y que tienen tanto derecho a cotizar y percibir el retiro como los oriundos noruegos con los que trabajaron codo con codo.

Lo hacen después de que hayan tenido que reponerse anímicamente de un duro golpe: la demanda que presentaron ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no fue admitida a trámite por un defecto de forma. Un error que podría haber sido subsanado si hubiesen sabido de ese problema a tiempo. Pero no fue así. El abogado supuestamente especializado en esas instancias no les informó del rechazo y los afectados no se enteraron hasta que ya no había forma de remediar el entuerto.

Resulta que las denuncias sobre derechos humanos que se interpongan ante ese tribunal de Estrasburgo tienen un límite en el número de palabras: 10.000 con máximo. Y la presentada por el abogado de Long Hope llevaba más. Cuántas en exceso no recuerdan, pero sí el plazo que tenían para cortar esos vocablos y ajustarse al límite: 6 meses. «Cando nos enteramos xa era demasiado tarde, xa vencera o tempo», explica Alberto Paz Viñas, portavoz de Long Hope. Además, el letrado tampoco presentó al Tribunal de Derechos Humanos prueba alguna de que estaba facultado para actuar en nombre de los demandantes. Pero todo esto no lo supieron hasta meses después. Y fue a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, según confiesa Paz Viñas, no por el representante legal al que habían encomendado las gestiones en Estrasburgo.

Desánimo

No hace falta explicar la decepción que eso supuso y el desánimo que cundió en el colectivo al enterarse de que se había frustrado el trabajo que tanto esfuerzo y dinero les había costado. Tal es así que ahora las reclamaciones se han desinflado. En parte por el desaliento tras el timo, en parte por causas naturales, pues se trata de un colectivo con una edad media de 85 años.

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Pero siguen peleando y hace unos meses encontraron otra vía: el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra. No son ya las 212 reclamaciones que agotaron la vía judicial en Noruega y llegaron a Estrasburgo, pero aún así han presentado 109 demandas individuales ante esa instancia, cuyas decisiones son vinculantes para el país nórdico, recalca el portavoz de Long Hope.

Dice Paz Viñas que sus asesores legales les dan muchas esperanzas. Por supuesto, han cambiado de representantes. Ahora los defiende un bufete de abogados españoles especializados en derechos humanos. Ellos se han encargado de que, esta vez sí, la demanda no supere las 10.000 palabras. Ha habido que dejar algunas cuestiones al margen por esa limitación, pero el escrito recalca lo esencial: que fueron discriminados por su nacionalidad. Que a ellos no se les permitió cotizar porque no residían en el país —aunque sí pagaban impuestos— y, sin embargo, los noruegos que no vivían en ese país sí pudieron pagar la seguridad social y ahora están cobrando el retiro.

Los marineros españoles afectados —calculan que unos 12.000, de los que 10.000 serían gallegos— no pagaron seguridad social porque no se lo permitía la legislación noruega. Estaban, eso sí, parcialmente cubiertos, pues tenían derecho a gastos de entierro, a cobertura de accidentes, a asistencia médica gratuita y a cobrar baja por enfermedad, pero no a cotizar para recibir una prestación tras la jubilación.

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e. abuín

Eso fue así hasta 1994, cuando entró en vigor para Noruega el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. A partir de ese momento, los trabajadores españoles fueron tratados en condiciones de igualdad con sus colegas noruegos, cubiertos por la ley y por el seguro social de los marineros. Una prueba más, a su juicio, de la discriminación por razón de nacionalidad y residencia que se aplicaba antes de esa fecha. Y esa diferenciación —dar pensión a los noruegos aunque viven fuera y no a los españoles por no vivir en suelo nórdico— vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 98 de la Constitución noruega.

Todo eso, esta vez, se ha contado en menos de 10.000 palabras. El colectivo confía en que esta vía sea la definitiva, aunque llegue tarde para algunos. Desde que se presentaron las demandas ya han fallecido cuatro. Como José Mayán, que a sus 83 años y para estupor de su familia no dudaba en subirse al autobús para participar en las manifestaciones de Long Hope convencido como estaba de que tenían derecho a pensión. ¿Que a protestar a Santiago? A Santiago. ¿Que a A Coruña? A A Coruña. ¿A Madrid? Pues toda la noche en autobús hasta Madrid y vuelta en el mismo día... Su viuda hereda la pelea. Que esperan que acabe ya pronto. Porque no entienden que un país con tantos vínculos con España y con una buena relación bilateral maltrate así a los nacionales que trabajaron en sus barcos.

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