El Senado aprueba la propuesta del PP de cambiar la Ley de Costas y salvar del derribo a miles de viviendas situadas en dominio público
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Los populares dicen que, tras los nuevos deslindes, hay órdenes de derribo o de confiscación vía concesión que no comportarán beneficio medioambiental alguno al litoral
13 mar 2024 . Actualizado a las 12:12 h.El pleno del Senado ha dado luz verde este martes a una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas y «garantizar» que no se derriban determinadas casas cercanas a las playas. La moción recibió el voto en contra del PSOE y del PNV.
El Partido Popular planteaba el cambio de la normativa para «garantizar una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público».
En concreto, informa Efe, la iniciativa propugna la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
Según el senador popular Francisco Martín Bernabé Pérez, que ha presentado la proposición en la Cámara Alta, el objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los miles de propietarios que, a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sufren órdenes de derribo o de confiscación vía concesión durante unos años para las viviendas situadas en primera línea de playa. Esas demoliciones, según el senador, no pueden ser la solución en núcleos tradicionales, dejando espacios muy degradados, que nadie garantiza que supongan beneficio medioambiental alguno para el litoral.
Para proteger esos núcleos urbanos de especial valor, tienen que cumplir tres requisitos: que posean valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero y que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre de la Ley de 1988.
Para que prospere esa declaración de protección, se necesita que se establezca un control con la intervención de las tres administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y estatal.
Se propone que los ayuntamientos delimiten los núcleos afectados y las comunidades autónomas emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores culturales, históricos o etnológicos que recoge la proposición, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral.
Por último, con la información recabada, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá determinar si procede la catalogación de esos núcleos urbanos como protegidos. Según Bernabé Pérez, la situación de regresión de la costa se está produciendo por la falta de adopción de medidas para luchar contra la subida del nivel del mar a lo largo de los últimos años, y ha recordado «aquí nadie está libre de errores».
Algunos senadores han argumentado que las modificaciones de la Ley de Costas de 1998 realizadas en el 2013 no abarcan todas las situaciones que se están produciendo actualmente con el deslinde y expropiaciones de propiedades en primera línea de costa, lugares que sufren los impactos de las subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.
El senador José Antonio Balbuena, del Grupo Parlamentario Socialista, ha señalado que la modificación de la propuesta popular «no es la solución», porque no afectará a las propuestas posteriores al año 1988, mientras que Igotz López Torre (Grupo Vasco) ha pedido ser ambicioso en la protección de las costas, realistas con el futuro que viene en los próximos años y garantistas con la ley.
María del Carmen da Silva Méndez, senadora por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha remarcado por su parte que la proposición obvia las características del litoral gallego, el de mayor extensión en territorio español, al no considerar los núcleos rurales, en una comunidad autónoma con las mayores competencias de costas.
José Francisco Hila (GPS) ha subrayado que esta modificación de la Ley de Costas presenta «visos claros de inconstitucional», y ha añadido que ya existen en la legislación actual «soluciones posibles y viables», y ha añadido que «no se puede tratar» de la misma manera lo que ha hecho correctamente que lo que no.
Por su parte, el senador Vicente Tejedo (PP), ha denunciado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aplica criterios ideológicos en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, al tiempo que ha recalcado que «cuando en la administración los criterios ideológicos superan al sentido común, todo se va al garete, no se solucionan los problemas, y más bien se agravan y con resultados francamente negativos»