El pincho despliega su artillería legal para tratar de anular 87 vedas de fondo
SOMOS MAR
Justificaron con informes la caída de un 30 % anual de sus capturas y presentaron los resultados de la campaña que demuestra que este arte no impacta en los fondos marinos
05 jul 2024 . Actualizado a las 04:45 h.Ya antes de que en octubre del 2022 la Comisión Europea instaurase 87 cotos a lo largo del Atlántico para proteger espacios marinos vulnerables de las artes de fondo, la flota estuvo pataleando por una decisión que consideraba arbitraria, desmedida y con sesgo científico. Ya con las vedas en vigor, los armadores de pincho o palangre de fondo, a la sazón los más afectados por el acto de ejecución comunitario que prohibió faenar entre los 400 y 800 metros de esas zonas, se armaron de argumentos técnicos, económicos y biológicos para sostener ese órdago judicial que lanzaron a la decisión de la Comisión Europea. Ayer, en Luxemburgo, tuvieron ocasión de desplegar toda esa artillería legal conseguida para tratar de derribar esas 87 barreras levantadas alrededor de hipotéticos o constatados espacios vulnerables. «Se han aportado estudios de tipo socioeconómico, realizado por la Universidad de Santiago; de tipo cartográfico, para demostrar las diferencias entre zonas de Europa; y otro con el IEO (Instituto Español de Oceanografía) de caracterización técnica del palangre de la merluza, con los resultados de una campaña de observación realizada en el último trimestre del año pasado y que demostró que no hay impacto en los fondos marinos ni en las áreas frágiles.
El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) celebró una vista oral conjunta para tratar los procedimientos abiertos por el Reino de España (en noviembre del 2022) y por la Organización de Productores Pesqueros de Burela y otras 16 empresas pesqueras de Galicia y Asturias (en diciembre de ese año) contra la decisión del Ejecutivo comunitario. Una decisión, que apuntaba ayer la OPP Burela en un comunicado, ha supuesto una reducción de más del 30 % anual en su volumen de capturas, «lo que hace inviable totalmente su futuro».
Tanto el Ministerio de Pesca como los profesionales defendieron sus recursos apoyados por la Xunta —el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, viajó a Luxemburgo— y el Reino de España, que actuaron como partes coadyuvantes. También expuso sus argumentos la Comisión Europea, que contaba con el apoyo del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.
La vista oral es la parte final del procedimiento, en la que los abogados de todas las partes plantean sus argumentos ante los cinco jueces designados al caso, que se han marcado el 15 de julio como tope de esta fase y hará pública la sentencia final en los próximos meses.
Defectos de fondo y de forma
Lo que buscan España y la OPP Burela es anular las vedas. Directamente. Insisten en que el reglamento ha sido desproporcionado y discriminatorio en la aplicación de las vedas. Aparte de que adolece de defectos de fondo y de forma. Para empezar, no hubo un proceso adecuado de consulta pública. Además, no se realizaron «informes previos de impacto socioeconómico» y, lo que es peor, a criterio de esta flota, faltaban «datos de impacto diferenciado por artes de pesca, ya que el palangre dirigido a la merluza ha sido el más afectado, cuando la merluza —que vive en la columna de agua, pero no en el fondo del mar— no estaba incluida en el reglamento de especies profundas», que fue el que dio pie a la instauración de esas 87 vedas.
España, por su parte, alegó que la Comisión Europea no utilizó «la mejor información científica y técnica disponible» a la hora de elaborar la lista de las 87 áreas, que no evaluó el impacto de las artes estáticas, como el palangre de fondo, en esos fondos, y criticó la metodología utilizada para fijar las zonas.
La Comisión, según recoge Efe, no niega que el pincho tenga menos efectos adversos que otras artes, pero apunta que de lo que se trataba era cumplir el mandato recogido en el reglamento de aguas profundas, donde ya se había determinado que el impacto de «todas las artes de fondo, móviles o fijas, son significativos» y, por tanto, el veto debería aplicarse a todas.
La OPP Burela valoró «el escrutinio detallado que el tribunal ha hecho de los argumentos de las demandantes». A su juicio, «los jueces han entendido correctamente las pruebas presentadas en cuanto el palangre demersal no tiene impacto en los fondos marinos y las graves consecuencias económicas derivadas de su prohibición».
La comitiva, en la que estaba el gerente de la OPP Burela, Sergio López, y el de ABSA, Miguel Neira, regresan con la satisfacción del deber cumplido: «Sabíamos que sería un proceso lento y caro, en tiempo y en dinero, pero consideramos que teníamos que acudir a defender a nuestra flota porque esta norma tan desproporcionada pone contra las cuerdas la viabilidad de las empresas que mantienen una forma de pescar totalmente tradicional y con el arte de pesca más selectiva que existe, el palangre, que en el caso de la merluza se ha demostrado que no tiene impacto en el fondo marino», comenta Sergio López en representación de la OPP Burela y sus empresas.
Desde Galicia, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza, desgranó otros impactos que ha tenido decisión de vedar 87 áreas del cantil de Portugal, España, Francia e Irlanda. Según explicó ha supuesto unas pérdidas en torno a los 10 millones de euros; un abandono masivo del pincho para trabajar con enmalle, lo que requiere una inversión que ronda el medio millón de euros; con la inversión que eso supone; desplazamiento de flotas y concentración en una misma zona, con las consecuentes interferencias entre artes e, incluso, con la exportación de barcos a terceros países, las últimas hace unas semanas.