La armadora dice que el Villa de Pitanxo fue supervisado por varios inspectores antes de zarpar

Los abogados del patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín; su armadora, Pesquerías Nores, y su administrador, José Antonio Nores Ortega, investigados por las 21 muertes del naufragio del pesquero, han transmitido a los medios a través de un comunicado su absoluto rechazo a la difusión del informe provisional elaborado por la Ciaim (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) sobre el hundimiento del pesquero marinense, ocurrido el 15 de febrero del 2022 a 250 millas de Terranova. Hacen hincapié en que se trata de un borrador, para nada definitivo, que ha sido remitido con carácter «absolutamente confidencial» a las partes interesadas, que todavía no ha acabado de recibir alegaciones. Afirman que al contenido se le están dando interpretaciones tergiversadas, «hasta el punto de apuntar responsabilidades», causando así «un descrédito y daños al patrón, a la empresa armadora y a su administrador, totalmente injustificados y sin base técnica alguna».

A su juicio, se está utilizando ese documento confidencial —insisten los letrados— para «crear una opinión social» en contra de los investigados. Así, afirman que los pasajes del borrador que han sido publicados «carecen de base técnica o probatoria alguna» y que, además, muchas de esas cuestiones que apunta la Ciaim han sido reiteradamente «desvirtuadas en procesos judiciales en curso».

Aluden veladamente a las reformas realizadas en el barco y a continuación señalan que el Villa de Pitanxo «fue inspeccionado durante casi un mes, justo antes de la marea en la que se produce el naufragio». Y fue revisado «por peritos privados de la aseguradora Mapfre, por los inspectores de la Dirección General de la Marina Mercante y por los de la sociedad de clasificación Bureau Veritas, lo que ha servido para acreditar en sede judicial (que es el foro adecuado para hacerlo), que la gran parte de los incumplimientos (obras inconsentidas, alteración de potencia, etcétera) que han ido publicando los medios, carecen de justificación y responden a meras elucubraciones». Así, «existen pruebas contundentes, ya practicadas, al respecto, que serán valoradas por los tribunales competentes, como corresponde», sentencian.

Errores anteriores

La defensa de Padín y Nores pide cautela porque las deducciones de la Ciaim no son infalibles. Se remiten así a otras investigaciones similares en las que llegaron a «conclusiones incorrectas y sorprendentes», que fueron rechazadas por los tribunales, que incluso pusieron «de relieve los graves errores en que incurrían». Por ejemplo, el Siempre Casina. En ese caso, los técnicos señalaron «obras inconsentidas en el pesquero» como causa que contribuyó al hundimiento del buque de Burela en el 2005: «Hubo que ir con un notario y un ingeniero naval para medirlo y demostrar que esa conclusión era infundada, lo cual fue recogido de forma expresa y contundente por las sentencias que resolvieron dicho asunto». Y lo mismo en el abordaje y posterior hundimiento del Mar de Marín, en el que la Ciaim anotó como causa toda una serie de infracciones de seguridad «(incumplimiento de la guardia de navegación, cartas electrónicas con representación incorrecta del dispositivo de separación de tráfico de la ría de Vigo, puertas y escotillas estancas al agua no debidamente cerradas y trincadas...)» que después fueron desvirtuados «por el resultado de la prueba practicada, además de por el contenido de los informes periciales».

Sospechan que un ex perito de la investigación filtró el borrador

Los abogados de Padín y Nores señalan que las filtraciones del informe que, insisten, es confidencial, «se producen tras haber sido contratado como perito particular de las acusaciones uno de los miembros del pleno de la Ciaim, que estaba participando en la investigación, y que curiosamente trabaja como perito de una de las aseguradoras contra las que la empresa armadora mantiene un procedimiento de reclamación por la pérdida del buque». Esa es, dicen, una de las muchas irregularidades que se están produciendo en esta «investigación» (entre comillas en el original). Concluyen incidiendo en que se está manipulando la información para «tratar de influir en la opinión pública y señalar como culpables del naufragio a determinadas personas al margen de prueba alguna y de los procesos judiciales en curso». A eso respondería que se oculte «la existencia de serias discrepancias en la Ciaim», que han dado lugar «a votos particulares de algunos de sus miembros disconformes con el contenido del borrador».

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