Escocia expulsará al arrastre y a artes fijas de caladeros de pesca históricos

Poco ha durado la tranquilidad de saber que la flota gallega iba a poder seguir faenando en Gran Sol hasta el 2030. El primer sobresalto ha llegado apenas cuatro meses después de que Starmer, primer ministro británico, y Von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea en presencia del presidente del Consejo, Antonio Costa, renovasen en mayo el acceso mutuo a sus respectivos caladeros de pesca hasta el 2038. Ocurre que el Gobierno de Escocia ha anunciado que el próximo 16 de octubre entrarán en vigor una serie de medidas de ordenación pesquera para un total de 42 áreas marinas protegidas situadas entre las 12 y las 200 millas de la costa, y esas normas ponen límites a la actividad pesquera con determinadas artes. En definitiva, que veda amplias zonas de pesca al arrastre, pero no solo al arrastre, también a las artes fijas, como la volanta, los rascos, el pincho, las nasas... Ni que decir tiene que en la flota se ha reavivado el fantasma de las 87 vedas, esas que impuso la Comisión Europea por el cantil del Atlántico que baña cuatro países y que ha causado un grave perjuicio al palangre (mal denominado, según informes que maneja el sector) de fondo. Porque, además, los polígonos que ha dibujado ocupan caladeros habituales de la flota gallega, algunos de larga tradición, como el Rockall o el Rossmary Bank.

«¿De qué nos vale el acceso mutuo si después nos van vedando zonas? ¿Acceso a dónde?», esgrime Juan Carlos Corrás, gerente de la coruñesa Pescagalicia-Arpega-Obarco.

Cierto que las medidas no solo se aplican a la flota comunitaria. También la británica está afectada. Pero no hay que olvidar que muchos de esos barcos tienen capital gallego por más que ondeen la Union Jack y que las zonas que se restringen son áreas históricas de las embarcaciones con ascendencia galaica. El Rockall, sin ir más lejos. O la zona al oeste de las islas Shettland.

Lo peor de todo es que la flota ha conocido la existencia de esta normativa aprobada en el Parlamento escocés tan solo ahora, con poco más de un mes de antelación a su entrada en vigor y a escasos días de que se cerrase la consulta: el 12 de septiembre, plazo que ha sido ampliado hasta el 29, de ahí que asociaciones y organizaciones estén apresurando a enviar alegaciones y apreciaciones.

Está por ver si surten efecto, puesto que ya hubo una consulta (del 19 de agosto al 14 de octubre del 2024) que, al no formar ya el Reino Unido parte de la UE, no fue comunicada a los Consejos Regionales Consultivos (CCR) afectados, como el de aguas del norte. En ese proceso se recibieron 3.881 respuestas válidas, el 97 % por parte de particulares y el 3 % de organizaciones profesionales, resume el Gobierno escocés que, señala asimismo que «las respuestas de campaña representaron el 95 %».

España, neutral

En ese proceso sí participó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, pero no para oponerse, sino para declararse neutral. En los comentarios, eso sí, dejó constancia de que esa protección medioambiental debería estar respaldada por la mejor información científica disponible y tener en cuenta los aspectos sociales y económicos de los sectores afectados.

Los gransoleiros de A Coruña, desde luego que lo están. Según Corrás, los de su asociación son «alrededor de 25 pesqueros (principalmente de enmalle y palangre de fondo), que emplean entre 400 y 450 trabajadores con una facturación aproximada de entre 25 y 30 millones de euros, verán limitada de un 25 % a un 50 % —dependiendo del arte de pesca y de la nacionalidad del buque— su actividad en caladeros en los que operan desde hace más de 40 años».

Kadis admite que la medida tendrá impacto y velará por que se ajuste al acuerdo posbrexit

Cuando conocieron los vetos que Escocia prevé aplicar a partir del 16 de octubre en 42 zonas de sus aguas, los consejos consultivos de Aguas del Nort (CC-ANOC) y del mar del Norte (NSAC) enviaron una carta al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Este confesó también su preocupación por el escaso plazo de consulta, que, según dijo, el Reino Unido ha ampliado tras la petición de la Comisión Europea, y admitió «los posibles efectos que las medidas propuestas podrían tener en las flotas comunitarias que faenan en las zonas» limitadas.

El chipriota afirma que el Ejecutivo comunitario sigue con atención el asunto y, de hecho, él mismo planteó al Reino Unido las preocupaciones «en el momento del anuncio», aparte de que en la cumbre de los Océanos celebrada en junio destacó «la importancia de la transparencia, el equilibrio y la participación temprana de los Estados afectados».

Porque si bien es cierto que el Reino Unido tiene derecho, en virtud del Tratado de Comercio y Cooperación (TCA), a adoptar medidas de conservación en sus aguas, estas «deben cumplir los principios y obligaciones» establecidos en el acuerdo posbrexit.

Y mientras la Comisión calibra las posibles repercusiones y revisa «los documentos de consulta y las opciones de gestión establecidas para alcanzar los objetivos de conservación», Kadis anima a todos los Estados miembros y partes interesadas a que presenten respuestas sólidas y basadas en pruebas a la consulta antes del 29 de septiembre.

---

---

---