España debe actuar ya para sacar del mercado el calamar ilegal
SOMOS MAR
Con la entrada en vigor del Tratado Internacional de Alta Mar de la ONU y del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subvenciones a la Pesca, el Gobierno español no puede seguir permitiendo la entrada de calamar obtenido con prácticas abusivas e inmorales.
03 oct 2025 . Actualizado a las 04:55 h.A principios de este año, la Environmental Justice Foundation (EJF) se unió a la Prefectura Naval argentina en una misión de control por una zona remota del Atlántico Sur conocida como “milla 201”. Más allá de las aguas nacionales argentinas, justo al límite de la zona de exclusión, el cielo nocturno se iluminaba con las luces de cientos de buques poteros; tantos, que podían verse desde el espacio.
Estos barcos, en su gran mayoría procedentes de China, faenan calamar argentino de aleta corta (pota) aprovechando un vacío regulatorio. A diferencia de las pesquerías de atún o del calamar del Pacífico, no existe un organismo regional (ORP) que gestione estas aguas ni normas vinculantes sobre límites de captura o supervisión. El resultado es un auténtico descontrol industrial y legal.
Este problema no es lejano. España es el segundo mayor importador mundial de calamar y sepia, solo por detrás de China, y constituye la principal puerta de entrada a la UE de estos productos. Cada año, España importa el 85% de su consumo nacional, unas 152.000 toneladas. De las 20.000 toneladas de pota argentina que se descargan en puertos como los de Vigo, Valencia, Bilbao, Algeciras y Barcelona, casi la mitad procede de pesquerías de alta mar no reguladas.
Las investigaciones de EJF revelan dos grandes amenazas: la devastación ambiental y el maltrato extremo de personas. La sobrepesca de esta especie de vida corta, especialmente en años de baja abundancia, podría provocar el colapso de su población. El calamar es una especie clave, vital tanto como depredador como presa de delfines, ballenas, aves marinas y especies de interés comercial, y su colapso tendría repercusiones en todo el ecosistema del Atlántico sur.
Al mismo tiempo, los testimonios de tripulantes indonesios y filipinos revelan la cruda realidad a bordo de estos buques: violencia física, esclavitud por deudas, retención de salarios, condiciones de vida insalubres e incluso muertes inexplicables. La ausencia de supervisión convierte estos abusos en un patrón sistemático.
No obstante, este vacío regulatorio comienza a abordarse de manera global. La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar de la ONU (BBNJ) y del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca son avances significativos. El primero establece mecanismos para conservar y utilizar de manera sostenible los recursos marinos fuera de jurisdicciones nacionales; el segundo busca eliminar subsidios nocivos que fomentan la sobrepesca y prácticas destructivas. España debe implementar estos acuerdos de manera rigurosa y adaptar sus políticas de importación a estos estándares.
Por increíble que parezca, muchos buques vinculados a los abusos descritos están autorizados a exportar calamar a la UE. Entre el 2019 y el 2024, al menos 47 importadores españoles adquirieron productos procedentes de procesadoras chinas vinculadas a cinco pesquerías con violaciones ambientales y de derechos humanos, introduciendo casi 11.000 toneladas de pota argentina al mercado español.
Esto afecta también a la competencia en pesquerías españolas responsables. Aproximadamente el 15% del suministro de calamar procede de caladeros nacionales o de buques con pabellón español que faenan en el extranjero bajo normas estrictas, con observadores a bordo y respetando áreas de veda. Permitir la entrada de calamar de operaciones no reguladas sitúa en desventaja a quienes pescan de manera responsable.
España tiene tanto el poder como la responsabilidad de actuar. Como principal puerta de entrada del calamar a la UE, puede cerrar el paso a estas capturas ilegales mediante controles de importación reforzados, verificaciones sólidas basadas en riesgo y cooperación con la Comisión Europea. Además, la colaboración con la flota española que faena en el Atlántico suroeste y con otras naciones pesqueras es clave para establecer una gestión sostenible.
Eventos y ferias como Conxemar, punto de encuentro clave del sector, subrayan la importancia de la trazabilidad. Garantizar que el calamar que llega a los mercados españoles tiene un origen legal y ético no solo protege ecosistemas y personas, sino que también asegura confianza en los productos y refuerza la competitividad de la industria. La transparencia en la cadena de suministro es fundamental: etiquetado claro, seguimiento de buques y control de procesadoras son herramientas imprescindibles para eliminar la pesca ilegal.
El calamar que llega a los platos españoles no debe implicar el colapso de ecosistemas ni el abuso de personas. La influencia del mercado español puede ayudar a poner fin a este Lejano Oeste en alta mar, crear condiciones equitativas para quienes pescan de manera responsable y garantizar a los consumidores productos legales, éticos y sostenibles.
La elección es clara: actuar con decisión ahora o arriesgarse a ser cómplices de abusos a los derechos humanos y de una catástrofe ambiental. Por la salud de nuestros mares, la integridad de nuestros mercados y los derechos de quienes trabajan en el mar, España debe marcar el rumbo.