España y cinco países elevan al Consejo una propuesta de revisión de la política pesquera común

Bruselas está en pleno proceso de revisión de la política común de pesca (PCP). Es un compromiso que solo en los coletazos de su mandato decidió asumir el anterior comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, que hasta entonces se resistía a mover una coma de un texto aprobado en el 2013 y que, a esas alturas, en pleno 2024, ya habían pasado acontecimientos del calibre de un brexit, de una pandemia mundial e incluso de una guerra a las mismas puertas de Europa.

Ese trabajo pendiente es una de las tareas que ha heredado el ahora comisario de Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis, que ya dispone de los resultados de la consulta que la Comisión ha tenido abierta para recoger opiniones de los ciudadanos. Kadis sabe del interés de España por cambiar ciertos aspectos de la política pesquera común (PPC) que han supuesto un quebradero de cabeza, cuando no un abierto quebranto económico, para las empresas pesqueras en estos trece largos años. Verbigracia, la obligación de desembarque. Lo sabe porque con el sello de España han llegado la mayoría de las aportaciones a esa consulta. Y también porque, en su última visita oficial al país, la pasada semana, recibió de manos del ministro de Pesca, Luis Planas, una propuesta de simplificación de la política común de pesca, pues, como trasladó al chipriota, «España es partidaria de que se realice un ejercicio de simplificación de varios aspectos de esta política para una mayor eficiencia, creación de un marco más sencillo y adaptación a las necesidades reales de los sectores pesquero y acuícola».

España y varios más miembros del club. En el Consejo Consultivo de Asuntos Comunitarios del martes pasado, el ministro trasladó a las comunidades autónomas que hoy presentará, junto a Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, esa propuesta conjunta para solicitar a la Comisión Europea la simplificación y revisión de la política pesquera común. Porque insiste en que «es necesario adaptar la PPC al contexto actual, reforzando la soberanía alimentaria, la autonomía estratégica y la viabilidad socioeconómica del sector». Y no solo eso: debe también responder «a los retos del cambio climático, la competencia por el espacio marítimo y la preservación de las comunidades costeras», cuestiones que hace doce años no se observaban como tanta amenaza.

Tres pilares de la sostenibilidad

La reunión que mantendrán los ministros de Pesca el próximo lunes servirá de previa al Consejo de diciembre en el que se repartirán las cuotas para el año 2026. Planas presionará para que en la fijación de esas posibilidades de pesca se observe un equilibrio entre la sostenibilidad de los recursos y la rentabilidad socioeconómica del sector y en las decisiones se tengan en cuenta «los factores socioeconómicos junto con los de conservación», sobre todo en el caso de aquellas especies de alto interés para la flota artesanal y de arrastre en el Cantábrico y el golfo de Cádiz.

Planas prevé una negociación dura en diciembre por el Mediterráneo

No hay duda de que la batalla más encarnizada en el Consejo de Ministro de Pesca de diciembre va a estar en el Mediterráneo. La propuesta aún no está encima de la mesa, pero las negociaciones «se prevén especialmente complejas debido a la aplicación del nuevo marco a largo plazo, que establece límites de captura y criterios de sostenibilidad más estrictos, así como a las posibles reducciones de esfuerzo de pesca».

España considera esos recortes inasumibles ante la situación límite del sector, marcado por los esfuerzos ya realizados en materia de selectividad y sostenibilidad, como la obligación de utilizar mallas más selectivas en toda la flota de arrastre, medidas que han sido financiadas por el Ejecutivo español.

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