El resultado de las negociaciones pesqueras sobre el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y cuotas pesqueras del Atlántico y el mar del Norte y el plan para el Mediterráneo para el año 2025 que se cerró esta madrugada en Bruselas repite más o menos el mismo ritual de cada año, permitiendo a los gobernantes hacer una lectura triunfalista del proceso, cuyo objetivo siempre es seguir menguando la capacidad de pesca de nuestra flota.
El trasfondo del circo negociador es el de siempre: un aumento de las importaciones, mayor cuota de mercado para productos de acuicultura y menos capturas para nuestro sector extractivo. Esta sucesión anual de acontecimientos han dejado al sector como una sombra de lo que ha sido en el pasado.
La capacidad de influencia de las autonomías en el Gobierno es muy relativa, y la de este en Europa es prácticamente nula, pues normalmente se pliegan a los argumentos negacionistas defendidos por los sectores denominados medioambientalistas y los de la distribución alimentaria, sólo interesados en la comercialización en buenas condiciones de productos importados, antes que en potenciar nuestra pesca y nuestro sector transformador y comercializador, mucho menos rentable para esos lobbies.
Para verificar el resultado de estas negociaciones en los últimos años y desmontar las manifestaciones triunfalistas de los responsables de la Administración pesquera no hay más que acceder a las estadísticas oficiales para ver la escandalosa destrucción de buques y empleos. La conclusión es irrefutable: la estrategia de la UE es estimular con dinero público el abandono de la actividad extractiva con desguaces, exportaciones, sociedades mixtas, paralizaciones, recortes de tacs y cuotas, masivas importaciones,etc.
Es necesario recordar que los recortes se basan en los famosos y cuestionados informes científicos que sirven para cocinar argumentos comerciales. Europa decidió que a España le sobraba mucha capacidad pesquera pese a contar con un mercado muy amplio, y obligó a cercenar nuestra flota y poner la industria alimentaria marítima en manos de otras flotas y de comercializadoras que se abastecen de la acuicultura, pescan en países extracomunitarios e importan a precio de saldo.