La sangría del pincho de Gran Sol se agrava por las 87 vedas a la pesca de fondo

Más despacio de lo previsto y acumulando demoras, la Justicia de la Unión Europea aún no se ha pronunciado sobre los recursos del Gobierno de España y de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela contra las 87 vedas a toda la pesca de fondo en caladeros de España, Portugal, Francia e Irlanda. A la espera de esa sentencia, la Comisión Europea persiste en incumplir su obligación de revisarlas anualmente. A punto de cumplirse 29 meses de la expulsión de barcos españoles de caladeros históricos en Gran Sol, la sangría en los pincheiros se agrava, obligando a cambiarse a la volanta a armadores que apostaron por el arte de pesca considerado más selectivo.

El goteo continúa en puertos como el mariñano de Celeiro, donde en las últimas semanas pincheiros de toda la vida no han tenido más remedio que renunciar a pescar merluza con las líneas de anzuelos que solo tocan el fondo del mar con las piedras empleadas para fondear el aparejo. Con el controvertido Virginijus Sinkevicius como eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, la Comisión prohibió cualquier arte en contacto con el suelo marino para proteger ecosistemas vulnerables, espacios donde se sabe o se supone que puede haber corales o esponjas. Omitió evidencias reconocidas por los propios científicos, como que su propuesta de cierres de caladeros se basa en los impactos de artes móviles como el arrastre de fondo, pero que no hay información sobre la incidencia de las estáticas, como el pincho o la volanta, ni tampoco sobre las repercusiones socioeconómicas.

Sin prisa y con las pausas que permite el procedimiento que manejan los políticos desde Bruselas, el mandato de la Comisión para repensar las 87 vedas entra en esta primera semana de marzo en una nueva fase. El grupo de expertos del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por sus siglas en inglés) se reúne entre los días 3 y 7 para analizar cómo le han afectado a armadores y tripulantes. Informes científicos y socioeconómicos elaborados después de imponerlas permitirán ahora «documentar y discutir las lecciones aprendidas».

Será tarde para los barcos que, forzados a intentar sobrevivir, sustituyeron la selectiva pesca con anzuelo (pincho) por la de las redes de la volanta, e inútil para los que abandonaron la actividad porque no había manera de cuadrar las cuentas. Bruselas se tapó los oídos todas y cada una de las veces que la flota la emplazó a paralizarlas porque faltaban los informes socioeconómicos que ahora serán evaluados. El STEFC va más allá porque en la reunión de esta semana también analizará si las 87 vedas salen a cuenta. Valorarán «costes y beneficios». Los primeros son los ingresos que dejaron de percibir armadores y tripulantes y los segundos, «los valores monetarios de los servicios ecosistémicos» o, dicho de otro modo, cómo contribuyeron a proteger los ecosistemas marinos vulnerables, cuya preservación para proteger la biodiversidad comparten los pescadores.

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