Una avalancha de créditos rápidos, fondos buitre, tarjetas «revolving» y desahucios en cuatro meses atascan once tribunales. Piden refuerzos para tramitar los pleitos
30 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.«Estamos desbordados, no llega una solución y cada día los juzgados están peor. El grado de litigiosidad es altísimo, hay una avalancha de pleitos», dice una letrada de un tribunal de primera instancia. Estas salas se encargan de resolver los pleitos relacionados con dinero como deudas, indemnizaciones de aseguradoras o herencias. De los quince juzgados de este tipo en Vigo, solo once se dedican a deudas porque otros tres hacen familia y uno tramita en exclusiva las demandas de cláusulas suelo. Los once jueces especializados en deudas han sido sepultados por casi 5.100 nuevos pleitos en cuatro meses. La mayoría son reclamaciones presentadas por fondos buitre y empresas de recobro que compraron lotes de deuda, peticiones de morosos para anular los intereses abusivos de las tarjetas revolving, impagos de créditos rápidos de 300 a 600 euros, ejecuciones de desahucios de inquilinos que no pagan el alquiler y expulsiones de okupas. Muchos pleitos surgieron en la crisis del covid. «La gente está en ERE o se fue al paro y se queda atrapada con créditos de 300 o 600 euros», dice una letrada.
La situación obligó recientemente a celebrar una junta sectorial de jueces de primera instancia para pedir refuerzos. Lograron que el Poder Judicial les enviase dos juezas en prácticas y tienen la promesa de solicitar un nuevo juzgado, que haría el número 16, cuando sea posible.
Las cifras de trabajo están en niveles récord. De media, un juzgado tipo tramitó en el 2018 un total de 978 litigios (año de la huelga de funcionarios) y en el 2019 se dispararon a 1.297, un 30 % más. La pandemia tampoco dio tregua y se llegaron a 1.260 en el 2020. Lo normal es tramitar 800 casos al año y este año pueden terminar con más de 1.300. En el primer cuatrimestre del 2019 entraron 428 pleitos, en el 2020 hubo 318 (por el confinamiento) y en el 2021, se disparó a 461. Estas cifras son extrapolables para los once juzgados de deudas. En lo que va de año han recibido casi 5.071 expedientes nuevos.
El procurador Jesús González-Puelles explica quién está presentando gran parte de las nuevas demandas: «Creo que están desbordados por los monitorios presentados por diversos fondos reclamando pequeñas deudas de diferentes entidades que compraron a bajo precio». El año pasado se presentaron 6.746 monitorios, frente a los 4.295 de hace un lustro. Son pequeñas deudas como facturas impagadas de la luz o el teléfono o las compras de consumidores financiadas con la tarjeta de hipermercados o grandes almacenes.
La avalancha empezó en plena pandemia. Empresas de recobro y fondos buitre internacionales adquirieron a la banca lotes de deuda de préstamos sin cobrar, de hace décadas, y los reabrieron o pidieron su ejecución. Los morosos reciben llamadas de un call center que les atosiga para que paguen sus deudas antiguas. Muchos pleitos no prosperan porque el sucesor del acreedor no exhibe las facturas que justifiquen la cuantía pero otros litigios salen adelante y son rentables. Además, hay arreglos, conciliaciones, verbales y ordinarios.
«Próximos al colapso»
El sindicato AXG-CUT ha pedido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la creación de un nuevo juzgado de refuerzo para los tribunales de primera instancia de Vigo. Alerta de que la situación está «próxima al colapso» y que el pasado diciembre, cada juez recibió una media de 130 demandas promovidas por fondos buitre. Quieren que se traspasen funcionarios de los dos nuevos juzgados de lo social de Vigo para que apoyen a sus compañeros de lo civil, agilicen el trabajo y eviten que estos tribunales caigan en un retraso «irreversible» de muchos años.
AXG-CUT calcula que el atasco supera en un 44 % el número de casos de media estatal. Varios factores han influido. En el 2015, los juzgados de lo civil asumieron los accidentes de tráfico con lesiones leves o la declaración de concurso de personas físicas no comerciantes, avivados ahora por la crisis. A ello se sumó, según este sindicato, la «brutal» presentación de monitorios por los fondos. Algunos juzgados acumulan 3.000 órdenes de embargos y mandamientos. Y subieron las ejecuciones de sentencia porque los fondos resucitaron cientos de procesos ejecutivos antiguos que estaban en situación de archivo provisional.