Un juez descarta que el Concello clausure las instalaciones de restaurantes en terreno de Costas, pero le obliga a entregar el expediente a los vecinos residentes en la zona que han emprendido acciones legales para confirmar si carecen de licencia
26 sep 2025 . Actualizado a las 01:08 h.La instalación de terrazas en primera línea del nuevo paseo marítimo de Bouzas es motivo de polémica vecinal y ha iniciado una senda judicial.
Una comunidad de propietarios decidió interponer un recurso contencioso-administrativo al considerar que el Concello de Vigo no actuaba frente a lo que califican de ocupaciones irregulares en el paseo Valentín Paz Andrade. El caso se centra en tres terrazas contiguas, una de ellas, la denunciada expresamente, está vinculada a la asociación vecinal y las otras pertenecen a sendos establecimientos hosteleros contiguos. Según un informe de la Policía Local, dichas instalaciones funcionan «sin licencia de ocupación» en una franja de dominio público marítimo-terrestre.
El juez ha emitido una sentencia firme en la que da parcialmente la razón a los vecinos. Obliga al Concello a entregarles copia del expediente administrativo de las terraza, pero rechaza ordenar su retirada.
El magistrado explica en su resolución que «la Administración demandada ha de permitir a los recurrentes el acceso y copia del expediente solicitado», pero aclara que la competencia para actuar corresponde a la Administración autonómica. La referencia es directa a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), organismo de la Xunta encargado de velar por la legalidad en las zonas de servidumbre costera.
El fallo supone, por tanto, un avance parcial para los demandantes, que tras años de gestiones consiguen obtener la documentación municipal que reclamaban. Sin embargo, la decisión sobre el futuro de las terrazas pasa ahora a la administración autonómica. La Xunta, a través de la APLU, es la que tendrá que determinar si esas instalaciones se ajustan a la normativa o si, por el contrario, deben retirarse.
El conflicto no es nuevo. La comunidad de Vila de Bouzas 1 asegura que lleva tiempo denunciando la situación sin obtener respuesta clara. La vecina que actúa como portavoz de la queja describe el malestar que sufren los residentes más próximos: «En mi caso, doy para el lado del paseo y me han instalado una terraza delante de mis ventanas. La queja es que entendimos que la normativa dice que pueden ocupar la fachada delante de sus locales, pero no ponerse a lo ancho salvo permiso, que no tienen. Pedimos que saquen las mesas y sillas. Ellos alegan que es un sitio singular, pero eso es de Costas, aunque la gestión de las terrazas es del Ayuntamiento».
Sin intimidad
Desde su vivienda, situada en un entresuelo, asegura que la situación le priva de la intimidad que tenía antes: «Si abro la ventana lo que veo son las terrazas. No tengo intimidad, la tenía y ellos vinieron y me la quitaron. Nadie te sabe decir qué permiso tienen, porque un día sacan 10 mesas y otro 16. Hay una normativa colgada en la web del Ayuntamiento que está muy clara y no la están cumpliendo. Llevo tres años peleando con este tema. Vivo en un entresuelo, ahora ponen parasoles y calefacciones, una barrera visual, y además hay un problema de ruidos», asegura.
Las mesas y sillas se sitúan a escasos metros de las ventanas de los edificios, lo que refuerza la percepción vecinal de que la frontera entre espacio público y privado se ha desdibujado.
En la otra orilla de la discusión, los hosteleros defienden su actividad como legal y ajustada a lo que marca el Concello. Uno de ellos relata que actuaron siguiendo las instrucciones municipales: «Hemos pedido permiso al Ayuntamiento. Se pusieron en contacto con nosotros y nos dieron unos metros para poder ocupar y estamos cumpliendo, tenemos licencia. El problema es que esto es tierra de nadie, ni de Costas ni del Concello, pero nos han dado unas pautas para poder trabajar. El problema es que abrieron nuevos restaurantes al lado y montaron terrazas más grandes», afirma.
El empresario incide en la dificultad de encajar la situación en una única normativa, ya que se trata de un espacio de servidumbre costera pero con intervención municipal en la ordenación de terrazas. De ahí la percepción de «tierra de nadie» que menciona.
La sentencia del Contencioso no entra a valorar estos argumentos contrapuestos. Se limita a constatar que el Concello debe dar acceso al expediente, pero recuerda que la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de la ocupación no le corresponde, sino que está en manos de la administración autonómica. Con esta precisión, el juez rechaza la pretensión de los vecinos de obligar directamente al Concello a actuar contra las terrazas.
El resultado inmediato es que las instalaciones continúan funcionando como hasta ahora. Los vecinos mantienen su reclamación de recuperar la intimidad y el espacio libre frente a sus viviendas, mientras los hosteleros afectados reivindican su derecho a trabajar con la autorización recibida.