Una mujer de O Porriño que robó 30.000 euros de un discapacitado se enfrenta a casi cuatro años de cárcel
O PORRIÑO
Contaba con las claves bancarias de la tutora legal del estafado y derivó los fondos hacia una cuenta de un hijo menor
16 jun 2024 . Actualizado a las 00:36 h.Hasta a tres años y medio de cárcel podría ser condenada una mujer de O Porriño acusada de aprovecharse de un miembro de la familia discapacitado para vaciarle prácticamente sus cuentas bancarias. La Fiscalía relata en las conclusiones de la vista que se va a celebrar en la Audiencia Provincial que la acusada disponía de las claves de acceso a las posiciones bancarias de la abuela de su hijo. Esta administraba los bienes económicos de un hermano suyo al ser designada por sentencia judicial tutora ante la incapacidad parcial certificada por el padecimiento de un retraso mental entre leve y moderado y una dependencia etílica probada.
La mujer que se sentará en el banquillo de los acusados, «guiada por el ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento» y aprovechando que por la relación familiar contaba con las claves de las posiciones bancarias que gestionaba la que había sido madre de su pareja, «transfirió a una cuenta titularidad de su hijo 30.000 euros», relata la Fiscalía. El dinero pertenecía al hermano de la tutora legal de los bienes del perjudicado, y el relato del Ministerio Público añade que «la acusada realizó los hechos con conocimiento de que estaba despojando al legítimo propietario de la práctica totalidad de sus ahorros, dejándolo en una posición económica difícil ante la eventualidad de tener que hacer frente a situaciones que requiriesen de un desembolso económico que no podrían afrontar con su pensión mensual, su único patrimonio», se expone en el expediente que motiva la celebración de la vista judicial.
Faltan 27.500 euros
El estafado solo pudo recuperar 2.500 euros de los 30.000 desviados por la acusada a la cuenta de su hijo menor de edad y a la que solo ella podía acceder. La cantidad devuelta se reintegró dos meses después de haber sido retirado el monto total, pero no el resto.
La Fiscalía estima que los hechos constituyen un delito de estafa, y solicita por ello la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión, así como una multa de 9 euros al día durante 9 meses, 2.430 euros en total, además de una indemnización de 27.500 euros con intereses. Así mismo, se interesa el pago de las costas por parte de la acusada de estafa y su inhabilitación para ser elegida para cualquier cargo público electo.