El texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado. El Gobierno también ha recibido las críticas de sus socios por esta iniciativa
El dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias determina que quedó «constatado que no se pusieron a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos adecuados al estado gestacional y a la clínica que presentaba»
El proyecto de ley, que necesita una amplia mayoría en el Congreso y el Senado, busca «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública
La Fiscalía pide 3.600 euros de multa para ella al apreciar que tomó unos medicamentos para interrumpir el embarazo después de que los sanitarios le dijesen que no había ya posibilidad de hacerlo por la vía legal
La propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
Desde el hospital de Barbanza nadie informó a la demandante de que su dispositivo formaba parte de un lote irregular y la Xunta deberá indemnizarla con más de 30.000 euros
La Audiencia en Vigo ordena pagar 60.000 euros por el embarazo no programado porque lo que se ha visto afectado es el derecho de la familia a planificar su número de hijos
La entrenadora pone de relieve la importancia de entrenar con profesionales que adapten la actividad a cada etapa y advierte que hacerlo por cuenta propia «puede implicar riesgos si no se conocen las adaptaciones necesarias»
Sole Deza y otras activistas lograron que mujeres de todo el país se movilizasen y su lucha se convirtió primero en libro y ahora en una película llamada «Belén»
Han negado intimidación a pacientes y trabajadores porque no interactuaron con nadie al margen de su grupo, aunque defienden que «orar en un lugar próximo a donde se practica la atrocidad del aborto le da más intensidad al rezo»
La ministra Mónica García asegura que la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid supone «una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres»