Aquella Coruña que invitaba a los médicos a «encapucharse» para practicar abortos
VIVIR A CORUÑA
Varias iniciativas pidieron en los años 80 que el aborto dejase de estar en los márgenes. Un ginecólogo defendió desde esta esquina, y cuando nadie lo hacía, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
25 oct 2024 . Actualizado a las 10:02 h.El 2022 fue un año negro para el feminismo. Pese a los avances promovidos por la cuarta ola del movimiento, las Naciones Unidas estimaron que la pandemia —el confinamiento, más bien— arrastraría unos 15 millones de casos más de violencia machista. Además, Estados Unidos provocaba que los países mejor avenidos en materia de igualdad contuviesen la respiración ante una pérdida de derechos sin precedentes. En esta tierra, fértil para la libertad, el panorama de la salud reproductiva daba un volantazo a la derecha con la derogación de la ley del aborto, vigente desde 1973. Así, quedaba en manos de los estados la protección de este derecho, que aniquilaron 14 estados.
En la España de aquellos setenta, la interrupción del embarazo era simplemente un sueño muy lejano para las mujeres que pensaban «Es mi cuerpo. Son mis derechos». Las visitas a clínicas extranjeras eran la única salida para unas chicas —ricas— que debían guardar con celo su secreto si no querían ser señaladas con la letra escarlata, situación que ni siquiera se solucionó del todo cuando en 1985 se despenalizó el aborto en nuestro país.
En una sociedad que llevaba años recibiendo una información tamizada por el régimen franquista, La Voz se hacía eco el 27 de noviembre de 1979 de que «en algunas partes de España» —haciendo referencia a las zonas más rurales— «se cree que estirar los brazos, coser a máquina, cortarse el pelo o estirarse en cama son posibles causas de abortos». Los mitos en torno al embarazo corrían tan rápido como las historias sobre lo que podía pasarle a una, en términos sociales, solo con pensar en poner fin a un embarazo no deseado. Por eso, pese a la llegada de la Ley de Supuestos —riesgo físico o mental de la embarazada, violación o malformación en el feto—, casi ninguna mujer se atrevía entonces a solicitar que le practicaran un aborto.
La oposición era generalizada, así que buena parte de los facultativos rechazaban esta práctica, como sigue ocurriendo en el 2024 a menor escala. Y, por eso, el Ministerio de Sanidad anda a vueltas con un registro de objetores que garantice que las mujeres tienen cubierto su derecho al aborto en la sanidad pública.
A Coruña fue una ciudad relevante cuando el aborto, al menos en la teoría, dejaba de estar en los márgenes. Meses antes de que el Gobierno de Felipe González despenalizara esta práctica, la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública da Coruña pedía que la incipiente norma no se limitase a «los casos de peligro de la salud de la madre, malformaciones fetales o violación; debiendo ser contemplada la indicación psico-social, que supone la causa más frecuente de la interrupción del embarazo». Además, esta entidad pedía que se acabase con el aborto clandestino «llevando los poderes públicos una política encaminada a la planificación y asistencia sanitaria en materia de sexualidad y anticoncepción». Al mismo tiempo, los centros de planificación familiar se reconocían «saturados», asegurando que el número de medios y personal era en la primavera del año 1985 «insuficiente».
Hubo un nombre en aquella época fundamental para que las coruñesas se sintieran amparadas cuando se veían en esta situación de vulnerabilidad: Enrique Sánchez Segrelles. Ginecólogo y miembro de la comisión de evaluación para la interrupción legal de la gestación, en septiembre de aquel año —recapitulamos: dos meses después de aprobarse la Ley de Supuestos—, decía en una entrevista en La Voz que en A Coruña solo se había recibido una petición para abortar legalmente en la ciudad, y explicaba que «fue denegada porque no se ajustaba a la ley», que consideraba «muy rígida y poco práctica». Tanto que, resignado, apuntaba entonces: «Las mujeres que quieran abortar tendrán que seguir acudiendo al extranjero».
Segrelles practicó el primer aborto legal de Galicia. Lo hizo junto a un anestesista, y a los dos se les ofreció la posibilidad de realizar la intervención encapuchados, para proteger su identidad. Asistieron a la mujer a cara descubierta, aun recibiendo los insultos de compañeros de profesión. Como reconoció ya entrado el siglo XXI, entonces era el único «pecador», o lo que es lo mismo: «el único que no era objetor de un grupo de 22 ginecólogos».
Según datos del Sergas, en 1987, desde que hay registros, en la provincia de A Coruña se practicaron 215 abortos, alcanzándose la cifra más alta en el 2014, con 1.757 interrupciones del embarazo. Los últimos datos son del 2022, año en el que en la provincia se contabilizaron 1.492 abortos; la mitad de todos los que registró la comunidad gallega.