Díaz y sindicatos presionan a Sánchez para impedir la opa de BBVA al Sabadell
ECONOMÍA
Los intereses enfrentados de vascos y catalanes complican al Gobierno, que ha de pronunciarse sobre la operación, poder contentar a todos sus socios
01 may 2025 . Actualizado a las 20:32 h.La bendición definitiva que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio este miércoles a la opa de BBVA sobre el Sabadell —anunciada justo cuando se cumplió un año desde que la entidad vasca confirmó su intención de hacerse con el banco catalán— supone trasladar al terreno político la decisión final sobre la operación. Ahora será el Gobierno el que tendrá que pronunciarse sobre un movimiento bancario que nunca ha visto con buenos ojos por su condición de hostil, es decir, contra la voluntad del Sabadell.
Más allá de los riesgos que para la competencia y la inclusión financiera pueda suponer otra vuelta de tuerca a la concentración del mapa bancario, el matrimonio entre BBVA y Sabadell es un nuevo foco de tensión en el Ejecutivo, por los diferentes grados de resistencia de PSOE y Sumar a la fusión. Y si es un foco de tensión en el seno del Gobierno, aún lo es más de puertas para fuera, en su relación con sus socios de investidura, ya que vascos (PNV) y catalanes (Junts y Esquerra) tienen aquí intereses contrapuestos. Es decir, que a Sánchez le será imposible contentarlos a todos.
Vayamos por partes. Una vez que Competencia ha dado su plácet a la fusión sin añadir exigencias, es decir, únicamente con compromisos aceptados por el banco que preside Carlos Torres, ahora la operación pasa al Ministerio de Economía, que dispondrá de 15 días para trasladarla a la mesa del Consejo de Ministros. Corresponde al Gobierno (tiene otros 30 días para ello) decidir si añade o no exigencias para autorizarla o si, por contra, impide la fusión.
En torno a 5.000 despidos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se erigió este jueves en adalid de esta segunda opción. Aprovechando la celebración del Primero de Mayo, puso el foco en lo «negativa» que la operación resultará para el empleo. Alertó de que dichos efectos nocivos se traducirán en torno a 5.000 despidos, por el cierre de oficinas para evitar la duplicidad de las redes comerciales, vinculando la supresión de sucursales con la agudización de «un grave problema democrático en España» como es la exclusión financiera.
«Hoy es imposible vivir sin acceso a las entidades financieras, por tanto, va a haber un riesgo clave en esta materia», advirtió, calificando de «error mayúsculo» hacer la fusión en contra de todo el tejido económico, social, cultural y sindical catalán. Por ello animó a las patronales empresariales a pronunciarse, al considerar que la opa va en contra de los intereses mayoritarios de España y de la «democracia económica», al «reforzar todavía más» el oligopolio financiero.
Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, suscribieron el análisis de Díaz. Para los líderes sindicales, la operación es «una mala noticia» que degrada la competencia en el sector bancario, algo que acabarán pagando los clientes.
En este sentido, aunque sobre el impacto en la competencia ya se ha pronunciado la CNMC, descartando riesgos al pactar correcciones con BBVA, el Gobierno en conjunto ha mostrado su preocupación desde que se anunció la opa hostil. Sin embargo, las objeciones que pueda plantear ahora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberán centrarse en otros aspectos, como el riesgo que pueda suponer para la «cohesión territorial» la menor competencia en el acceso al crédito y los servicios bancarios.
Cabe recordar que en marzo, durante la junta general de accionistas, tanto el presidente, Josep Oliu, como el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, hicieron un llamamiento al Ejecutivo para que aclarase su postura sobre esta absorción no deseada que, a su juicio, «pone el peligro el bienestar de España», al afectar al 70 % del tejido industrial y productivo, dado que las pymes son la joya de la corona de su negocio.
«El Gobierno debe valorar si esta es una operación que le conviene o no al país, porque tiene que velar por el sistema financiero. En la decisión que debe adoptar debe ser muy claro a la hora de determinar si va a permitir o no la fusión», insistió Oliu ante los accionistas hace poco más de un mes, emplazando por primera vez al Ejecutivo a aclarar cuál será su postura.
Presión política
Frente al rechazo frontal a la opa mostrado por el ala de Sumar, la bancada socialista del Gobierno apuesta por la prudencia. Ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideraba «prematuro anticipar una decisión», asegurando que el Ejecutivo analizará «con rigor» los detalles de la opa en las próximas semanas.
Idéntica cautela mostró el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, que aunque prometió salvaguardar los intereses bancarios de Cataluña, también destacó la necesidad de realizar un análisis minucioso del informe emitido por Competencia. «Examinaremos con detalle todos los aspectos del informe para garantizar una respuesta coherente y alineada con los intereses catalanes», señaló en su perfil de X, enfatizando la importancia del sector bancario en Cataluña, profundamente integrado en el tejido empresarial y social de la región, para el que es clave, como demuestra que la mayor fortaleza del banco que preside Oliu sea el segmento de pymes.
De hecho, el regreso del Sabadell a su sede histórica, ocho años después de trasladarse a Alicante en el 2017 por la deriva independentista, es otro movimiento con el que elevar la presión política sobre el Gobierno, a través de Junts —que ayer guardó silencio, pero que llegó a calificar la opa de «un 155 bancario»—; y de ERC, que ha vuelto a cargar contra ella, anunciando que «dará la batalla».