La patronal eólica gallega advierte de que están en jaque 10.000 millones tras caer el decreto antiapagones
ECONOMÍA
Manuel Pazo lamenta que consumidores e industrias tengan que asumir el coste de recortar el uso de las renovables en el sistema eléctrico
23 jul 2025 . Actualizado a las 21:31 h.El decreto aprobado por el Gobierno central tras el gran apagón del pasado 28 de abril —que fue rechazado el pasado martes en el Congreso con los votos negativos del PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG— incluía un amplio abanico de actuaciones, entre ellas, la suspensión de los plazos administrativos de aquellos proyectos afectados judicialmente por medidas cautelares. Una decisión de calado para Galicia, en la que más de 90 expedientes eólicos están suspendidos por orden del Alto Tribunal de la comunidad. Al decaer el decreto, se queda sin efecto esa moratoria en los plazos y se arroja más inseguridad jurídica a un sector ya de por sí en la picota. Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, asegura que ya hubo promotores afectados por medidas cautelares que solicitaron al Gobierno que se dejaran pausados los plazos, «y ahora no se sabe lo que va a pasar».
Pazo calificó como una «irresponsabilidad» haber tumbado un decreto «de carácter técnico, no político» y puso el acento en la trascendencia que tiene para Galicia esa decisión parlamentaria. «Incentiva la inseguridad jurídica para las inversiones», advierte. Y eso es así porque, al no ponerse en marcha medidas para reforzar la seguridad en la red eléctrica y evitar nuevos apagones, va a continuar restringiéndose el uso de energía renovable en favor de los ciclos combinados, que utilizan gas.
Ese repliegue forzado de las renovables tendrá un gran peso en Galicia, dice Manuel Pazo, y pone en solfa inversiones por unos 10.000 millones de euros, entre los proyectos eólicos y los industriales asociados, además de unos 22.000 empleos, entre directos e indirectos.
Para el presidente de la asociación eólica de la comunidad, la factura de la decisión parlamentaria la pagarán los consumidores y las industrias. Las electrointensivas se han quedado sin la bonificación del 80 % de los peajes. Además, reclama que a partir del 1 de agosto, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la triple cuestión prejudicial presentada por el TSXG sobre la tramitación ambiental de los proyectos, se arbitren medidas para tener «legislaciones estatal y autonómica fuertes».
Por su parte, tras lamentar que decayese el decreto, la patronal eólica nacional solicitó que «con carácter de urgencia se activen los procesos necesarios, mediante un Proyecto de Ley o Proposición de Ley para que se pueda retomar el debate profundo sobre su contenido en el menor plazo de tiempo posible y se pueda diseñar una norma que cuente con el apoyo necesario para su aprobación». APPA Renovables también valoró negativamente la no convalidación de la regulación, «que suponía una respuesta urgente y necesaria a los retos del sistema eléctrico actual».
El Gobierno prometió ayer volver a aprobar el decreto antiapagones, pero el sector desconfía de que mantenga todas las propuestas originales, según recoge Colpisa. Las empresas piden celeridad al Ejecutivo para acabar con la incertidumbre que socava la reputación de las renovables y que deja en el limbo 5 gigavatios (GW) de proyectos de energías limpias en el país.