Oriol Pujol irá a juicio por el caso de las ITV, a pesar de pactar con la Fiscalía
ESPAÑA
El ex secretario general de CDC ya aceptó dos años y medio de cárcel por tres delitos
30 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona envió a juicio al exdiputado de CiU en el Parlamento catalán y ex secretario general de CDC, Oriol Pujol, y a su esposa, Anna Vidal, por el caso de las ITV, al haber usado su influencia política para favorecer a determinados empresarios de este sector y cobrar los servicios a través de su mujer. Según el auto, Oriol Pujol «era el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asumió y ejecutó las pretensiones formuladas» por los empresarios.
El exdiputado reconoció su culpabilidad y aceptó, el pasado mes de julio, una condena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV. Oriol Pujol también acordó hace dos meses que su mujer, Anna Vidal, pagara una multa de 47.250 euros como condena para evitar su ingreso en prisión, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía. Pujol aceptó tres condenas que suman estos 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental. Otros dos acusados, los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou, acordaron por su parte penas de multa.
No obstante, ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergi Alsina llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. El magistrado presidente que designe la oficina del jurado para este proceso tendrá que decidir si dicta una sentencia para los acusados que se han conformado y juzga a los otros, o si se celebra juicio para todos y el acuerdo queda sin validez. Oriol Pujol será así el primer hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en ser juzgado mientras la causa contra el resto de la familia continúa instruyéndose en la Audiencia Nacional. El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola ya está en prisión provisional.
El problema del 3 %
El caso de las ITV es uno más de las redes de corrupción política que comenzaron a hacerse públicas con una recordada frase.
«Ustedes tienen un problema, el 3 %». La acusación que Pasqual Maragall lanzó a CiU en el Parlamento catalán aquel 24 de febrero del 2005, en referencia al cobro de peajes por la concesión de contratos públicos, y que provocó una taquicardia contenida en el antaño venerado emblema del catalanismo, Jordi Pujol, se reveló con el tiempo como una tupida red de comisiones ilegales. Y, a la vez, como el chocolate del loro. El valioso delfín del que había sido presidente durante 23 años, el entonces líder de la oposición, Artur Mas, solo pudo apretar los dientes y recriminar al jefe del Gobierno catalán que «había perdido los papeles». En realidad, había roto una especie de ley de silencio que imperaba en Cataluña, tal y como confesaría el político socialista años después, en sus memorias.
Desde entonces, el enorme iceberg de las cloacas catalanas ha ido emergiendo y pringando en su deshielo con su pestilente tufo a todos y cada uno de los tótems del credo catalanista: los Pujol, el Palau de la Música, el Barça, la banca... Precisamente, en ese sector, el financiero, se perpetraría uno de los primeros y mayores expolios de su historia, si bien acabó quedando sobreseído por falta de pruebas. Afectaba a la Banca Catalana, -presidida precisamente por Jordi Pujol entre 1974 y 1976-, que necesitó de una intervención estatal en 1984 al aflorar un agujero de 20.000 millones de pesetas (más de 120 millones de euros). Por entonces, pocos podía imaginar que el padre de la patria y administrador moral del sentimiento catalanista, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos conseguirían amasar un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros y repartirlo en más de veinte paraísos fiscales.
Hace dos años, todos los miembros del clan eran formalmente imputados en algunos de los cuatro procedimientos judiciales abiertos contra ellos. En total, los jueces tienen sobre la mesa cerca de una veintena de causas abiertas, lo que coloca a Cataluña en la tercera posición del ránking nacional de comunidades más sospechosas de corrupción, por detrás de Andalucía y Valencia. Eso sí, barre a todas en número de cargos públicos procesados por soborno, cohecho, prevaricación urbanística, tráfico de influencias o malversación de fondos. Nada menos que 303 fueron enviados al banquillo de los acusados entre julio del 2015 y septiembre del 2016, según reveló el Consejo General del Poder Judicial a primeros de año, en un estudio estadístico que elaboró a escala nacional.
Muchas de esas tramas comparten nombres, apellidos, empresas y hechos, y evidencian lo abultado que ha sido el cesto de las manzanas podridas en el mundo político y empresarial catalán durante las tres últimas décadas.