El Gobierno admite que no espera frutos «a corto plazo» de su diálogo con Torra

Un informe jurídico elaborado por los letrados de la Cámara catalana cuestiona ahora la continuidad de Quim Torra como presidente de la Generalitat una vez inhabilitado como diputado. El dictamen forma parte del recurso que han preparado los servicios jurídicos de la Cámara catalana para presentar ante el Tribunal Supremo para pedir medidas cautelares contra la decisión de la Junta Electoral Central, ya ejecutada por el Parlamento de Cataluña, de retirar el escaño al gobernante soberanista.

A diferencia de lo que defendieron en un informe anterior, los letrados apuntan ahora como necesaria la condición de diputado para «mantenerse» como jefe del Ejecutivo catalán, una posición que defienden PP y Ciudadanos, que se refieren a Torra como expresidente. «La condición de diputado es, por tanto, requisito necesario para ser presidente y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo», según el recurso elaborado por los letrados. El pleno del Parlamento catalán votará este miércoles si presenta este recurso. El letrado de la Cámara Antoni Bayona, que firma el recurso, aclaró este martes que «decir que ‘se puede interpretar’ no significa que se deba interpretar necesariamente así» y, a su juicio, Torra puede seguir como presidente a pesar de perder su escaño.

Mientras, los abogados del presidente de la Generalitat presentaron este martes ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia que le condenó a una pena de inhabilitación de año y medio por desobediencia. 

El Gobierno pisa el freno.

En vísperas de que Pedro Sánchez se desplace a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se afanó este martes en intentar rebajar las expectativas generadas no ya por esa cita concreta, sino por la estrategia de diálogo con el independentismo en su conjunto. Durante su comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros, la ministra reiteró en varias ocasiones que en la Moncloa no se esperan «frutos a corto plazo». «Partimos de una posición muy alejada -subrayó-, estamos en las antípodas en cuanto al diagnóstico de la situación territorial, pero sabemos que solo a través de esta fórmula vamos a tener ocasión de alcanzar puntos de encuentro».

Las palabras de la también titular de Hacienda buscan enfriar de algún modo un debate que ha perseguido a Sánchez desde que logró asegurarse la investidura con la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya y que ha monopolizado en buena medida el inicio de su mandato. Una manera de ponerse la venda antes de que otros, tanto los partidos de la oposición como el ala dura del independentismo, les hagan la herida.

En el Gobierno dan por hecho que Torra solo querrá hacer planteamientos relativos al estatus político de Cataluña y que se centrará, como ya ha dejado claro en varias ocasiones, en la exigencia del reconocimiento del derecho de autodeterminación y la amnistía de los condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del procés. Pero Montero alegó que, aunque el Gobierno irá con «espíritu de escucha», no le ve sentido a plantear «cuestiones que ya sabemos adónde conducen». Y además aseguró que su intención es abrir el foco a otros asuntos más determinantes para el día a día de los ciudadanos y hablar de inversiones o de los trenes de cercanías . Por eso a Sánchez le acompañará la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, aunque en principio no está previsto que participe en la reunión. 

Ganar tiempo

En realidad, en el Ejecutivo siguen pensando que no tiene demasiado sentido iniciar un diálogo con un Gobierno que ya ha dado la legislatura por acabada y que está presidido por quien solo espera a que se dé el momento que mejor convenga a los intereses políticos de su formación, JxCat, para convocar elecciones, así que no está demasiado dispuesto a desgastarse en vano. Otra cosa es que, por ayudar a sus socios de Esquerra y no dejarles colgados de la brocha ante su electorado, Sánchez decidiera el pasado jueves seguir adelante con el guion prefijado. Entre otras cosas, porque enfadar a los de Junqueras significa poner en jaque su propio mandato.

Montero, de hecho, también se refirió este martes a la necesidad de que tanto en Cataluña como en el conjunto de España se aprueben pronto unas nuevas cuentas públicas después de años «viviendo con un presupuesto que ya no da respuesta a las necesidades de la sociedad». Esa es la prioridad de Sánchez, pero los socialistas asumen que hasta que el panorama electoral no esté resuelto y no haya un nuevo Gobierno en la Generalitat será difícil recabar el apoyo de los republicanos.

Los tiempos, pues, se relajan. La portavoz gubernamental avisó de que no cabe esperar que del encuentro con Torra -que definió como un «hito» hacia la normalización institucional- salga ya una fecha para la reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos que el secretario general del PSOE accedió a conformar a cambio de que Esquerra le permitiera ser presidente, y también rebajó la urgencia de la reforma del Código Penal que atenuaría las penas por sedición y beneficiaría a los presos independentistas. La mesa de diálogo intergubernamental se convocará, pero ya está claro que no se cumplirá el plazo de quince días a partir de la conformación del Gobierno de coalición fijado en el acuerdo de investidura con los republicanos. Entre otras cosas, porque hace días que fue rebasado. «La solución al conflicto catalán -insistió la ministra portavoz- es una solución compleja, que va a requerir tiempo, inteligencia, empatía y capacidad de anticipar los retos que la sociedad catalana tiene». En un argumento que busca acallar los reproches de la oposición, además, la ministra argumentó que la distancia que separa a los socialistas de los independentistas es similar a la que en su día pudo existir entre los padres de la Constitución. «Pero fueron capaces de trazar puntos de encuentro -elogió- y alumbrar 40 años de prosperidad».

La batalla en el seno del secesionismo

Cataluña ha entrado ya en período preelectoral y nada escapa a la pugna entre JxCat y Esquerra, que se preparan para librar la batalla final en el independentismo. Sobre la mesa, dos estrategias cada vez más antagónicas; y en medio, la reunión del jueves entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el Palau de la Generalitat.

El interés por el encuentro de unos y otros es muy diferente. Pero ambos buscan rédito electoral. Esquerra necesita vender entre su parroquia que la abstención en la investidura de Sánchez servirá para algo. Los posconvergentes buscan trasladar la idea de que es imposible negociar con el Gobierno y que la única vía posible es la unilateral.

JxCat empezó este martes a caldear el ambiente previo de la cita con una comparecencia explosiva de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán, a través de videoconferencia, en la que advirtió de que Torra insistirá en sus planteamientos de máximos. Una estrategia que solo busca hacer descarrilar la reunión. El expresidente de la Generalitat participó este martes como testigo en una comisión de investigación parlamentaria sobre el 155, como hicieron la semana pasada seis de los nueve presos del procés, y se despachó a gusto contra España, contra el PSOE y hasta contra sus socios de ERC. El líder nacionalista calificó al Estado español como un país «oscuro y tenebroso» que por «xenofobia» hasta siente «placer» causando el mal a los catalanes.

Un Estado que, a su juicio, llegó a «enloquecer» cegado por la sed de «venganza» y aplicó un 155, que para el expresidente de la Generalitat fue un golpe de Estado «ordenado» por el rey para intentar «liquidar» las aspiraciones soberanistas. «En 2017, el Estado estaba desbocado. Tenía una voracidad monstruosa», remató. Puigdemont, eso sí, evitó la autocrítica y dijo que la declaración unilateral de independencia fue un acto de «dignidad».

En vísperas de la reunión entre los presidentes, Puigdemont avisó a Sánchez que su intención es perpetuar el conflicto catalán, que no cejará en el desafío hasta que consiga un referendo de autodeterminación y que el secesionismo no pasará página hasta que el Estado pida perdón por el 155 y por las cargas policiales del 1-O. «Sánchez estaba en la cocina del 155», avisó este martes el líder de JxCat a los republicanos, que ahora «van de moderados» y «me tachan de radical». La reunión entre Sánchez y Torra llega una semana después de que el presidente catalán anunciara su intención de adelantar las elecciones y en un momento en que el independentismo está más enfrentado que nunca. Esa división estará presente en la cita en el Palau de la Generalitat. Puigdemont, igual que Torra, defiende la figura de un relator para la futura mesa de negociación entre el Gobierno y el Ejecutivo catalán. Una persona que haga de mediador. Pero ERC no lo ve claro. No quiere estirar la cuerda y que se rompa antes de tiempo, como ocurrió hace un año. Está por ver si el presidente de la Generalitat defiende esta figura en su encuentro con Sánchez, toda vez que el Govern no logró fijar una posición al respecto. Torra sí planteará la amnistía para los presos y defenderá la autodeterminación. 

Calendario de la mesa

El Ejecutivo catalán, tras su reunión semanal, confió en que de la reunión de mañana, jueves, salga la fecha de inicio de la futura mesa de negociación entre Gobiernos. Una especie de «calendario» que fije una hoja de ruta y unas reglas de juego de cómo deben ser las conversaciones entre las dos administraciones que la parte catalana desea que conduzcan a la resolución del conflicto. La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, dijo que la política no es una carrera de velocidad, sino de fondo y que lo importante es llegar a la meta con el «objetivo cumplido». Fue una respuesta a la portavoz del Gobierno central, que ya apuntó que de la reunión no se pueden esperar grandes avances. La Moncloa anunció además que a la cita acudirán el presidente del Gobierno y la ministra de Política Territorial, extremo que no hizo mucha gracia en el Govern que exige una reunión de «presidente a presidente».

El PP aplaza la querella contra el líder secesionista a la víspera de su cita con Sánchez 

Nuria Vega

Si se cumple lo previsto, el PP presentará este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella anunciada contra Quim Torra por supuesta «usurpación de funciones». Aunque el líder del partido, Pablo Casado, había anunciado que la registraría este martes, la iniciativa quedó aplazada hasta la víspera de la reunión que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va a mantener con el presidente de la Generalitat este jueves en Barcelona.

Los populares no solo se oponen a ese encuentro, sino que han anticipado la posibilidad de llevar también a Sánchez a los tribunales, aunque en ningún caso concretan qué tipo de acción podrían promover y en qué se fundamentaría. «No renunciamos a ninguno de los instrumentos que nos da el Estado de derecho: la política, la movilización, la vía penal», insistió hoy Cayetana Alvarez de Toledo sobre este extremo. La portavoz del partido en el Congreso argumenta que el presidente del Gobierno ha decidido mantener la cita con un «delincuente de a pie». «No es normal -añadió- ni razonable ni aceptable». Hace ya dos semanas que el PP anunció su intención de presentar una querella contra Torra. El partido de Pablo Casado dejó de reconocer al dirigente catalán como presidente de Cataluña después de que el Tribunal Supremo mantuviera su inhabilitación como diputado y el Parlamento autonómico procediera a retirar su credencial. Los populares interpretan que la pérdida del escaño lleva aparejada la imposibilidad de seguir al frente de la Generalitaty no reconocen el debate jurídico en torno a esta cuestión. Según el PP, si el Estatuto de Cataluña precisa que el presidente autonómico debe ser elegido entre los miembros de la Cámara, una vez perdida el acta, Torra habría quedado invalidado para continuar en la Generalitat. Y aunque el texto legal no aclara cómo proceder si la retirada del escaño se produce después de que el afectado haya sido ya investido y esté en el ejercicio de sus funciones, los populares entienden que la conclusión es clara. «El señor Torra se cree que es presidente, se puede creer Napoleón», censuró Alvarez de Toledo. Casado ya advirtió a Sánchez la semana pasada de que cualquier decisión que adopte a partir de ahora el dirigente independentista no tendrá «valor jurídico». Aun así, la portavoz en el Congreso excluyó de esa reflexión la convocatoria de elecciones y aceptó que los comicios serán «legítimos» aunque los fije este presidente de la Generalitat.

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