La Xunta ve prematuro cerrar la instrucción del «Prestige» sin saber el alcance de los daños
GALICIA
En su escrito a la jueza, el Ejecutivo reclama documentos «de indiscutible valor para calificar los hechos»
28 mar 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La solicitud de diligencias complementarias en el caso Prestige a la que se refirió el jueves el presidente en funciones, Emilio Pérez Touriño, no solo consiste en reclamar una serie de documentos e informes «de indiscutible valor para calificar los hechos». En realidad, el escrito presentado por los letrados de la Xunta en el juzgado de Corcubión, al que ha tenido acceso La Voz, supone un serio desacuerdo con la decisión de la jueza de cerrar de la instrucción en este momento, sin que todavía se haya concluido la prueba pericial económica que debe valorar los daños del vertido o se hayan aportado otros elementos «sustanciales» para tipificar los hechos. La Xunta admite que sin que se cumplan estos requisitos «resulta enormemente dificultosa la formulación del escrito de acusación».
En la respuesta del Gobierno autónomo al auto que levantaba la imputación del ex director general de la Marina Mercante no se oculta la sorpresa por la apertura de la fase preparatoria del juicio oral, pues la Xunta pensaba que este paso se daría «después de concluidas las diligencias de instrucción en trámite y, en particular, la pericial contable económica acordada por el juzgado sobre el alcance de los daños y perjuicios» producidos por el accidente del Prestige .
En realidad, lo que hacen los abogados que dependen de la Consellería de Presidencia es seguir la estela de la Fiscalía, que reclamó ampliar una serie de diligencias antes de cerrar la instrucción, petición que fue rechazada por la jueza Carmen Veiras Suárez y que ahora está pendiente de que se resuelva el recurso en la Audiencia Provincial de A Coruña. En cualquier caso, la Xunta considera que estos elementos que se negaron en su momento son cruciales «para la adecuada tipificación de los hechos en nuestro escrito de acusación».
Como hizo el fiscal Álvaro García Ortiz en su momento, los letrados del Gobierno autónomo manifiestan «la necesidad de que concluya la pericial contable ordenada por el juzgado para poder formular calificaciones penales (y no relativas a las acciones civiles)», pues consideran que es necesario conocer el alcance de los daños «si se quiere calificar con rigor por el delito de daños dolosos del artículo 263 del Código Penal, o de daños por imprudencia del 267».
Además, también creen necesario contar con esta prueba -que aún se estará elaborando en los próximos meses- «para poder calificar la condición o naturaleza irreversible de los daños», de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. Se trata de saber si fue necesario «acudir a una operación costosísima [...] que solo a largo plazo podría devolver el equilibrio a la zona», cuestión que creen que puede acreditarse con la pericial contable.
Sin alusiones directas a Sors
En realidad, el resto de la documentación solicitada, la mayoría procedente del pleito de Estados Unidos, apenas tendría relación con el levantamiento de la imputación a José Luis López Sors, sino que va encaminada a conocer si el capitán Mangouras «conocía la inviabilidad del buque para el transporte que se le había contratado» y que podía producir «graves daños en el supuesto de padecer el menor contratiempo en el mar». Tan solo de forma tangencial tendría relación con Sors la reclamación de un informe sobre el alcance del vertido inicial que resolvería algunas contradicciones entre las pruebas periciales.
Aunque Touriño declaró que no le gustaba el auto, La Voz ha podido saber que el criterio profesional de los abogados de la Xunta se inclina por no recurrir el sobreseimiento de Sors. Según estas fuentes, la petición de nuevas diligencias se enmarcaría en la decisión de ganar tiempo para evitar tomar decisiones de más trascendencia, pues el Ejecutivo está en funciones.