Destaca que su principal interés ante el fin de la instrucción es que el juicio «se celebre cuanto antes»
20 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El fiscal encargado del caso Prestige , Álvaro García Ortiz, elevó a unas 300.000 las personas perjudicadas por el vertido del petrolero tras su accidente el 13 de noviembre del 2002. En su intervención en la escuela de verano del Ministerio Fiscal, que se clausuró ayer en el pazo de Mariñán (Bergondo), García Ortiz hizo una estimación del número total de afectados, directos e indirectos, en toda la costa contaminada por el vertido, esto es, desde Tui hasta el canal de la Mancha, en Francia. Esta cifra contrasta con los perjudicados directos indemnizables, que no superarían los 30.000 si se suman los gallegos, los de la cornisa cantábrica y los franceses.
El también fiscal delegado de Medio Ambiente se mostró satisfecho por los últimos avances en la instrucción del caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, especialmente por el reciente auto de incoación de procedimiento abreviado, que pone fin a esta fase y da inicio a la preparación de la vista oral. En este sentido, Álvaro García Ortiz destacó que ya se han elevado los recursos de apelación a la Audiencia Provincial de A Coruña contra la imputación del capitán del buque, Apostolos Mangouras y otros dos miembros de la tripulación, así como el sobreseimiento del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. «Al menos el procedimiento no se ha enquistado», destacó.
A la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie, García Ortiz declaró que lo que aguarda ahora la Fiscalía «es que el juicio se pueda celebrar cuanto antes».
En la jornada de ayer en el pazo de Mariñán también intervino la profesora de Derecho Público de la Universidade da Coruña, Luz María Puente, que habló sobre la represión penal de los vertidos marítimos accidentales o intencionados. En este sentido, recordó que, en caso de un vertido desde un buque, se atribuye la jurisdicción a los juzgados de lo penal porque así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque siempre es importante aclarar el concepto de territorialidad en estos casos.
Evaluación de daños
Por otra parte, María Loureiro, del Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, se ocupó de las técnicas de evaluación del daño ambiental y destacó que, respecto a las pérdidas comerciales que provoca un vertido en el sector pesquero, «la compensación es limitada y solo se contempla en algunas mareas negras».
En otra de las ponencias desarrolladas ayer, Rosa Ana Morán Martínez, de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado , disertó sobre la confluencia de varias jurisdicciones nacionales sobre los mismos hechos, como ocurrió en el caso del Prestige , y aportó ideas para elaborar un marco legal sobre conflictos de jurisdicción.