Ve un «error clamoroso» en la gestión del Gobierno de Aznar y cree que el desenlace fue «peor, imposible»
07 oct 2009 . Actualizado a las 02:33 h.Las conclusiones de la instrucción judicial del caso Prestige , que ha durado más de seis años, acaban de ser ampliamente cuestionadas por un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña que fue redactado en algo más de dos meses. Los tres magistrados que analizaron la causa decidieron anular la decisión de levantar la imputación al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, estimando así los recursos de Nunca Máis, Izquierda Unida, el Concello de O Grove, nueve empresas afectadas por el vertido y varias cofradías y asociaciones profesionales del sector pesquero. La aceptación de las tesis contra el alto cargo del Gobierno de Aznar que asumió en solitario la decisión de alejar el barco sitúa de nuevo al Estado en el banquillo y, por tanto, en el peligroso filo de la navaja de tener que asumir parte del coste de la catástrofe ecológica. Y todo ello contra el criterio de la jueza instructora y la Fiscalía.
Pero el auto no solo desautoriza la decisión de la jueza de decretar el sobreseimiento libre de López Sors en un auto dictado el 18 de marzo de este año. En un texto con una carga altamente valorativa, del que fue ponente Ángel María Judel Prieto, se recrimina que la instrucción judicial no apuntara más arriba en la investigación de responsabilidades, en clara referencia a la cúpula de Fomento y al que era ministro en aquel entonces, Francisco Álvarez Cascos.
Sostienen los tres magistrados que la investigación «cerró en una persona [José Luis López Sors] lo que tiene perfiles plurales, en el escalafón de la jerarquía gubernamental» y que la instrucción «aceptó pura y simplemente» las manifestaciones de López Sors en las que se erigía como principal garante de la gestión y único responsable de la orden de alejar el petrolero, hasta el punto que, según su declaración, había informado a sus superiores después haber tomado la decisión.
La Audiencia cree que no era «ocioso» comprobar la veracidad de estas afirmaciones, pues, a su juicio, «constan vicisitudes que relativizan este voluntario acaparamiento», es decir, la asunción de la responsabilidad en solitario por parte de López Sors. De estas vicisitudes solo se menciona una que apuntaría al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos: la petición de un informe por parte del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento a Finisterre Tráfico que precisa de la salida de un helicóptero para realizarlo. «Que salga pronto, si no el ministro se nos cabrea», se escucha en las conversaciones grabadas.
Gestión en tela de juicio
Las apreciaciones más duras del auto tienen como objeto de crítica el alejamiento del Prestige y el propio estado estructural del buque. Frente al auto de la jueza instructora, en el que se asumía que el alejamiento fue «prudente y razonable», los tres magistrados que analizaron los recursos contraponen este argumento: «No vemos justificado tildar de prudente y razonable lo que es un error clamoroso».
El auto de la Audiencia rebate la idea de que la decisión de alejar el buque se tomó a las 20 horas del día 14, pues «no es un desatino pensar que la decisión del rumbo pudo ser implementada ya en la noche del 13 de noviembre», en base a una información de Fomento en su página web y a las conversaciones con el remolcador Ría de Vigo en la mañana del día 14, en las que desde Finisterre Tráfico se asumía que el petrolero «como siga así, llega a Groenlandia».
En opinión de la Audiencia, el «desastre» que acarrea esta decisión -la ampliación de la contaminación a más kilómetros de costa y, por tanto, el agravamiento del riesgo inicial- «proclama el desacierto en la gestión de la crisis: peor imposible».
El auto concluye que el Gobierno de Aznar confió «exclusivamente a la suerte o el azar el destino del buque», de ahí que sea factible el reproche penal a López Sors, en forma de imprudencia grave. Considera «insatisfactorias» sus explicaciones sobre los asesoramientos recabados o el eventual trasvase de fuel en Cabo Verde, al tiempo que concluye que la alternativa del refugio -«no en A Coruña o en Vigo»- «debió haberse explorado y ponderado con seriedad y sosiego, reflexión e independencia técnica».