El tribunal concluye que el Gobierno no certificó 616 millones de gastos del vertido del «Prestige»

De cara al recurso de casación para despejar el camino legal a las responsabilidades civiles por el Prestige, el Estado se encuentra con otro problema no menor: la cantidad que el tribunal da por certificada o probada de los gastos que le ocasionó la gestión de la marea negra y sus consecuencias. La Audiencia Provincial de A Coruña no da por buena la cifra global que la Administración central reclamó en el juzgado de Corcubión (984,82 millones de euros) ni por supuesto la que finalmente reclamó al adherirse a los cálculos de la Fiscalía (1.206,86 millones). En la sentencia, tan solo da por certificados 368,48 millones, 616,34 menos que la reclamación genuina que presentó en Corcubión y también ante el Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a la Contaminación (Fidac). Esta cifra es bastante más alta que los 184 millones a los que los peritos contables judiciales redujeron los daños, al no contar con facturas de buena parte de los conceptos que se reclamaban. Y algo superior a la valoración que realizó en su momento el Fidac (300,23 millones). Pero es sensiblemente inferior al peritaje contable que el Gobierno encargó al Consorcio de Compensación de Seguros (777,9 millones).

En realidad, no se sabe con exactitud de dónde surge la cifra que dan por buena los tres magistrados que enjuiciaron el caso. Pero diversas fuentes precisaron que pudieron basarse en el informe de gastos que Intervención General del Estado remitió a la Audiencia cuando ya se estaba celebrando el juicio, a petición del abogado de Arco Iris. El tribunal admite que hay una «obvia diferencia entre las indemnizaciones pedidas y lo certificado en este juicio como gasto efectivo del Estado y de la Xunta, certificación que se acepta en sus propios y exactos términos», debiendo justificarse la diferencia con arreglo a una serie de criterios que detalla. Lo que no acepta de ninguna manera el tribunal es que haya que presuponer buena fe a la Administración en asuntos relacionados con la justificación de gastos, «de modo que debe someterse a criterios de acreditación en el mismo grado que el resto de las partes», se asegura en el fallo.

Depósito y acciones civiles

Por otra parte, fuentes relacionadas con el caso explicaron ayer que el depósito de 22,7 millones que la aseguradora aportó a una cuenta bancaria judicial seguirá estando a disposición de los afectados por la marea negra -Administración incluida-, independientemente de que el delito por el que fue condenado Mangouras no lleve aparejada la responsabilidad civil. Así lo marca el convenio internacional de 1992, que especifica que esta cantidad correspondiente al límite de responsabilidad del armador se reparte entre los damnificados haya o no condenas.

El Gobierno también adelantó ayer que se plantea acciones civiles «paralelas» para exigir la responsabilidad «tanto de la naviera como de la aseguradora». Pero estas solo podrán ejercitarse de inmediato si el Supremo no acepta los recursos.

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