Las defensas buscarán la nulidad de pruebas siguiendo la vía de la sentencia por la retirada de sanciones de tráfico en Lugo

Los abogados que defienden a imputados en la operación Pokémon están estudiando detenidamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo por la que se absuelven a todos los imputados en el caso de la retirada de multas. La Sección Segunda de este órgano jurisdiccional decretó la nulidad de todas las actuaciones y pruebas, al quebrarse el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley. Las supuestas anulaciones de multas en Lugo se conocieron a raíz de unas escuchas referidas a otra investigación relacionada con el tráfico de drogas. Al descubrirse este nuevo delito de forma casual, los magistrados de la sala concluyen que la jueza instructora, Estela San José, debió deducir testimonio y remitirlo al Decanato de los juzgados para que aplicara las normas preceptivas de reparto. En este trámite, el caso podría haber recaído en el mismo sitio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. Pero la Audiencia constata que nunca se cumplimentó, provocando «una situación procesal irregular».

Abogados personados en el caso Pokémon creen que la petición de nulidad de las actuaciones será la estrategia a seguir por muchas partes, a raíz de la vía abierta por el caso de las multas. «Creo que el asunto de la intervención de las conversaciones va a ser crucial. Se están tocando derechos fundamentales y las defensas van agotar sus posibilidades en este tema», asegura el letrado Pedro Trepat, con un cliente implicado en la causa.

Para Gregorio Arroyo, abogado del alcalde de Lugo, Jose Clemente López Orozco, «la operación Pokémon es hija de la Carioca», recordando que comenzó a investigarse siguiendo el hilo de las escuchas de otro caso, como sucedió en la causa de las multas. Para este letrado no cabe ninguna duda de que la sentencia «es el principio del fin de la Pokémon», pues se dan, en su opinión, múltiples paralelismos que llevarán a la anulación de parte o la totalidad de las actuaciones. Según Arroyo, la instrucción desde el juzgado de Lugo «se está llevando como si se tratara de una pequeña Audiencia Nacional». Se trata de un caso que afecta a cuatro comunidades autónomas, por lo que muchos letrados creen que es el tribunal central el competente.

Sí hubo reparto

Fuentes jurídicas recuerdan, no obstante, que el inicio de las diligencias de la Pokémon se tramitaron por el cauce previsto en la ley y, a pesar de surgir en el marco de otra investigación que llevaba el Juzgado de Instrucción número 1, en el posterior reparto volvió a recaer en la jueza Pilar de Lara. Esto puede comprobarse en el folio uno del primer tomo de las actuaciones.

Ramón Sabín, abogado de Gerardo Conde Roa, cree también que las similitudes son evidentes, no tanto en el inicio de la causa, sino en su avance, «descubriendo supuestos nuevos delitos mediante conversaciones que estaban autorizadas para otras indagaciones». Recuerda que en este caso ya se han solicitado nulidades -el abogado de Francisco Fernández Liñares pidió incluso amparo al Tribunal Constitucional-, pero lo habitual es que las anulaciones no se decidan durante la instrucción. Aunque ve opciones en esta vía, Sabín no utilizará «argucias procesales». «Quiero demostrar la inocencia de mi cliente», dice.

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