Ofensiva judicial de víctimas del Alvia para que la causa no se cierre en falso
GALICIA
Reclaman la declaración como testigos del presidente del ADIF, el de Renfe cuando ocurrió el accidente y el jefe de seguridad de la operadora en España y en Galicia
18 nov 2014 . Actualizado a las 09:44 h.Las dos principales acusaciones que agrupan a la mayoría de los afectados por el accidente ferroviario de Santiago han emprendido una ofensiva judicial para tomar la iniciativa en el caso Alvia, ante el temor de que se esté fraguando un cierre en falso después de la desimputación de 12 cargos del ADIF y el próximo fin de las investigaciones periciales.
Los abogados de la plataforma de víctimas y de la asociación de perjudicados por el accidente (Apafas) han presentado entre ayer y el viernes pasado una batería de diligencias para resucitar la investigación judicial tras el varapalo que sufrieron a principios de octubre, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña dejó de nuevo como único imputado al maquinista del Alvia y levantó los cargos a los directivos y consejeros del administrador ferroviario.
Quizás la diligencia de mayor relevancia es la petición de que declaren como testigos el actual presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, y el que era máximo responsable de Renfe cuando sucedió el accidente, Julio Gómez-Pomar, ascendido a secretario de Estado de Infraestructuras tras el nombramiento de Rafael Catalá como ministro de Justicia. El abogado de la plataforma, Manuel Alonso Ferrezuelo, considera en su escrito que, a pesar de que ya comparecieron en el Congreso, «su declaración en las presentes diligencias es fundamental para arrojar mayor luz a lo ocurrido».
También se solicita que se cite como testigo a Antonio Lanchares Asensio, jefe de Seguridad en la Circulación de Renfe, que en la subcomisión de estudio del sistema ferroviario del Congreso, el pasado 28 de octubre, admitió que la normativa para abordar las transiciones bruscas de velocidad no era la adecuada. «Desgraciadamente, en los accidentes se comprueba que no siempre la normativa es la adecuada», declaró ante los diputados de la comisión de Fomento. Piden su declaración no solo por lo que dijo en el Congreso, sino también por la relevancia de su cargo. En días próximos también se pedirá la comparecencia del responsable de seguridad de Renfe en Galicia, que recibió las quejas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois del maquinista que conducía el tren accidentado. Recientemente fue identificado por la defensa de Garzón Amo, como pedían las víctimas.
Cargos europeos
Otra de las diligencias solicitadas consiste en que declaren tres cargos de la Agencia Ferroviaria Europea (los responsables de Seguridad Christopher Carr y Jean Marie Dechamps; y el jefe de la unidad de ERTMS, Pío Guido) y el coordinador europeo de ERTMS, Karel Vinck. Estas personas, según los abogados de las víctimas, «pueden ilustrar sobre cuáles son los sistemas de seguridad que deben llevar las líneas de alta velocidad y, en particular, el ERTMS».
También piden al juez Andrés Lago Louro que cite a los cuatro cargos de Renfe (Rafael Sardón, Pedro Alcázar, Nicolas Izquierdo y Javier Pérez López) que asistieron a la reunión donde, teóricamente, se pudo haber tratado el aviso sobre la peligrosidad de la curva que había redactado el maquinista jefe de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira. Además, se aporta la prueba documental del aviso que Renfe remitió a los maquinistas anunciándoles que se desconectaba el ERTMS embarcado «para evitar retrasos».
La representación legal de Apafas, encabezada por Javier González, se unirá previsiblemente a estas peticiones, al tiempo que pedirán la ampliación de las investigaciones periciales. Quieren que los peritos analicen, entre otros factores, si se certificó la infraestructura y la modificación del tren.