La deuda contraída por Cataluña con el Estado multiplica por once la de Galicia

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

BENITO ORDOÑEZ

Una quita provocaría un agravio comparativo y sería un incentivo al incumplimiento

03 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

En el fragor de la campaña de las últimas elecciones catalanas, el candidato del PSC, Miquel Iceta, llegó a proponer que el Estado condonara parte de la deuda contraída por Cataluña, y el resultado fue que unas cuantas comunidades se le echaron encima. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, fue uno de los que entonces alzaron la voz: «Se se prima aos políticos irresponsables, non vai quedar ningún responsable», advirtió, para dejar claro que el planteamiento que ahora tiene rango ministerial, pues ya no es Iceta quien lo hace, sino Cristóbal Montoro, es un premio a la golfería financiera y al incumplimiento de las normas que abre una brecha entre las diferentes autonomías.

Para entender esta discusión en toda su dimensión es necesario bajar a las cifras. Y los números revelan que Cataluña distorsiona todo el debate, en tanto que es, de lejos, la autonomía más endeudada de España en términos absolutos, seguida a bastante distancia por la Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, la Generalitat catalana mantiene una dependencia casi absoluta del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para poder mantener los niveles de prestaciones básicas, como la sanidad o la educación, lo que provocó que se disparara el endeudamiento contraído con la Administración del Estado en los últimos años.

Hasta el punto de que la deuda total de Cataluña multiplica por siete a la de Galicia. Los últimos datos del Banco de España (tercer trimestre del 2017) sitúan el endeudamiento catalán en los 76.831 millones de euros frente a los 11.137 millones de Galicia. No obstante, la diferencia aumenta de forma exponencial al analizar únicamente la porción de esa deuda que está contraída con la Administración del Estado, a través de sus mecanismos de financiación, pues la de Cataluña multiplica por once a la de Galicia (53.005 frente a 4.714 millones de euros).

Valencia, siete veces más

En cuando a la Comunidad Valenciana, la deuda contraída con el Estado (35.827 millones de euros) multiplica por siete la de Galicia, mientras que la de Andalucía (24.263 millones) multiplica por cinco la gallega y Castilla-La Mancha (10.273 millones) dobla a Galicia con creces.

Los datos del Banco de España sitúan en 76.831 millones la deuda de la Generalitat Los datos varían un poco al analizar el peso que tiene la deuda contraída con el Estado en el total de los compromisos financieros asumidos por las comunidades. Y pese a que Cataluña debe al Estado más de dos de cada tres euros solicitados como préstamos (69 % del total), es la Comunidad Valenciana la más dependiente del Estado, con el que tiene contraído el 80,6 % de su deuda, seguida de la Región de Murcia (78,8 %), Andalucía (72,1 %), Castilla-La Mancha (71,8 %), Cantabria (70,9 %) y Baleares (70,1 %). Los algo más de 4.700 millones en créditos que Galicia recibió del Estado, básicamente a través del Fondo de Facilidad Financiera, habilitado en el 2015 para las comunidades cumplidoras con los criterios de estabilidad, representa el 42,3 % del total.

Por tanto, cualquier quita o condonación de la deuda que se pueda decidir desde el Gobierno central va a beneficiar más a las comunidades más endeudadas con el Estado (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia), frente a otras que, como Galicia, Madrid, Extremadura o Asturias, acudieron menos a estos mecanismos de financiación porque en su día asumieron sacrificios que limitaron su capacidad de gasto.

Contra la austeridad

Además, la quita invocada por el ministro de Hacienda convierte en papel mojado el discurso de la austeridad y el ajuste fiscal hilvanado por el PP gallego desde que Feijoo llegó a la presidencia de la Xunta, en el 2009, y con el que intentó evangelizar en los peores momentos de la crisis al resto de España. Hace diez días, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, todavía sacaba pecho por esto en la tribuna del Parlamento situando a Galicia como la «comunidade máis estable de España» por la contención del déficit y de la deuda, que fue la que menos creció desde el 2008, a un ritmo anual del 20 %, frente al 29,9 % de Cataluña, al 34 % de Andalucía o al 115,5 % de Murcia.

La quita, con este contexto de fondo, no solo puede provocar lo que expertos denominan un «riesgo moral», pues podría ser un incentivo a endeudarse, sino que también causaría un agravio comparativo entre territorios.

La propuesta de Montoro enfrenta al Gobierno con los principales barones del PP

La puerta abierta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a hacer una quita de la deuda a las comunidades que más acuden al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puede ser bien vista en los territorios que más se beneficiarían con una decisión de estas características (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía), pero tiene el contrapunto de que tiene en su contra a los principales barones territoriales del Partido Popular, empezando por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y siguiendo por la madrileña Cristina Cifuentes o el castellanoleonés, Juan Vicente Herrera.

Aunque Cifuentes, que gobierna en Madrid en minoría, actúa con cautela y se ha cuidado mucho de no alzar la voz contra la propuesta de Montoro, el presidente de la Xunta ya hizo notar varias veces su rechazo a una medida de este tipo que, para más inri, beneficiaría a una comunidad gobernada por los independentistas catalanes y a otras dos dirigidas por los socialistas.

No es de extrañar, por tanto, que el portavoz del grupo del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se atreviera a advertir al ministro de Hacienda que cualquier mejora de la deuda no debe suponer perjuicio para las comunidades autónomas más «respetuosos y responsables» con el endeudamiento.

En la misma línea se situó el Gobierno de La Rioja, también del PP, con el consejo de Administración Pública, Alfonso Domínguez, rechazando que se perdone la deuda siempre y cuando no se haga con una «compensación adicional» para las comunidades cumplidoras. En similares términos se pronunciaron Extremadura o Canarias.