Abren expediente a De Lara por retrasos y aumento ficticio de la carga de trabajo

Enrique Gómez Souto
enrique g. souto LUGO / LA VOZ

GALICIA

Carlos Castro

La medida es consecuencia de la inspección extraordinaria de su juzgado efectuada en mayo pasado

07 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre expediente a Pilar de Lara, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, responsable de algunas de las macrocausas más conocidas en Galicia, entre ellas, la Pokémon. El CGPJ ha decidido incoar expediente disciplinario por dos motivos. Por un lado, por la supuesta comisión de una falta de desatención o retrasos «injustificados» en la instrucción de causas penales. Por otro lado, el expediente se basa en que presuntamente pudo haber adoptado decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen «aumentos ficticios del volumen de trabajo», en relación con las mediciones del propio Consejo.

La incoación del expediente es la consecuencia de la amplia inspección extraordinaria llevada a cabo por varios miembros del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados días 21 y 31 de mayo. El servicio de inspección levantó actas del estado en que se encontraban los asuntos en el juzgado de Pilar de Lara y, a la vista de dicha documentación, el promotor de la acción disciplinaria decidió incoar expediente disciplinario.

Las faltas sobre los retrasos se recogen en tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según lleguen a considerarse muy graves, graves o leves: 417.9, 418.11 y 419.3.

En el 417.9 se establece como falta muy grave «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». En el 418.11 se indica que es falta grave «el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave». En el 419.3, se califica como falta leve «el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado».

En cuanto al otro perfil que se investigará en la instrucción de este expediente, está regulado en el artículo 418.16 de la misma ley: «Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial».

Sanciones

El siguiente paso en la investigación sobre el trabajo de Pilar de Lara será la decisión de adoptar alguna medida cautelar o no. En todo caso, finalmente será la comisión disciplinaria la que decidirá. La LOPJ establece que «las faltas leves solo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves, con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación».

El Poder Judicial llevó a cabo la inspección del juzgado de Pilar de Lara casi al mismo tiempo que instruía el expediente a la jueza responsable de vigilancia penitenciaria de Lugo, por su vinculación a una consulta de tarot; en este caso, el expediente fue archivado.

La larga inspección llevada a cabo en el juzgado de Pilar de Lara el pasado mes de mayo suscitó un vivo interés en distintos ámbitos sociales. No en vano por él han pasado en los últimos años algunos notables de la política y de la empresa gallega, pero también de firmas nacionales y de distintas comunidades.

Pilar de Lara Cifuentes fue considerada en el inicio de sus investigaciones -que después serían macrocausas- como una abanderada en la lucha contra la corrupción. Incluso llegó a haber una manifestación en la calle para apoyarla a ella y a otra magistrada que hace años que se trasladó. Sin embargo, el modo de instruir le valió después numerosos reproches de los abogados de los investigados, y algunos de la Audiencia Provincial y la Nacional, en relación con determinados aspectos de algunas investigaciones.

La jueza, de baja

Pilar de Lara estuvo en los últimos días de baja. Debido a ello, fue la jueza que la sustituye la que tomó declaración en días pasados al exalcalde de Lugo José López Orozco por el caso de la asesoría jurídica municipal en el que está investigado, junto con la actual alcaldesa y la propia funcionaria que primero fue jefa del servicio. Tras ser anulado judicialmente el nombramiento, se convirtió en asesora y, finalmente, directora general de recursos humanos durante un tiempo.

Pokémon y Carioca, dos grandes investigaciones que se van desmoronando

La magistrada Pilar de Lara dedica interminables horas a su trabajo. Pero el modo de instruir, creando una especie de ovillo en el que nunca se acaba el hilo, parece haberla conducido a una situación muy complicada que ha dado pie a la apertura del expediente. Ha recibido reproches sonados desde otros ámbitos judiciales, como el de la magistrada Carmen Lamela, que rechazó una inhibición de la jueza. Algunas de las macrocausas aún vivas son las siguientes:

Pokémon

Archivos. Algunas de las piezas en las que se dividió el caso Pokémon, iniciado en el 2011, han sido archivadas en relación con algunos de los implicados más notables. Es el caso del exalcalde de Lugo José López Orozco: la Audiencia Provincial, corrigiendo a la magistrada Pilar de Lara, decidió el sobreseimiento del caso de la grúa. Previamente, un juez de refuerzo había sobreseído otra pieza separada de la Pokémon, la referida a la contratación del proyecto y ejecución de la antigua Fábrica de la Luz, así como el de la publicidad en los buses urbanos y el del concurso para adjudicar el transporte público urbano en Lugo.

Carioca

Otro caso abierto. Casi 50 piezas conforman este caso, abierto hace 10 años, en el que se investigan delitos relacionados con prostitución, tráfico de influencias y cohecho. Muchas de ellas fueron archivadas.

Garañón

Urbanismo bajo sospecha. La urbanización O Garañón, en la capital lucense, es investigada por De Lara y entre los investigados figuran Orozco y el expresidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro. Orozco pidió el sobreseimiento.