El administrador ferroviario solo reconoce una demora de índole técnica en la fase final de los trabajos, y defiende que las suspensiones decretadas entre el 2014 y el 2017, aunque dinamitaron los plazos, eran procedentes
28 ene 2020 . Actualizado a las 21:38 h.En realidad, la palabra retraso aún no ha sido pronunciada por ningún responsable político del ADIF o del Ministerio de Transportes. Tan solo extraoficialmente se reconoce una demora «técnica», para diferenciarla de aquellos momentos en los que no hubo voluntad política de avanzar en el proyecto -cuando era ministra Magdalena Álvarez (PSOE) entre el 2004 y el 2009- o cuando el proyecto se enfangó en un marasmo administrativo entre el 2014 y el 2017 con 17 contratos bloqueados durante un período que en algún caso -como el despliegue de la vía entre Zamora y Pedralba- llegó a los tres años. La tormenta política del AVE gallego apenas salpicó al ministro José Luis Ábalos en su última visita a Galicia, pues su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela difuminó en cierta medida la controversia local. Apenas dijo que la línea entraría en servicio en algún momento del 2021.
Pero el debate sigue. La conselleira Ethel Vázquez aseguró ayer que la Xunta «non vai ser cómplice dos incumprimentos do Goberno central», en referencia al AVE y a la estación intermodal de Ourense. Y el BNG, a través de su eurodiputada Ana Miranda, pedirá a la Comisión Europea que aclare las fechas para ver si el plazo de enero del 2022 que Bruselas reveló recientemente es al que deben atenerse los gallegos. Mientras, un informe del Foro Económico de Galicia elaborado por Mar González Savignat cuestiona la necesidad de construir líneas ferroviarias de alta velocidad como la gallega, aunque el presidente del Foro, Santiago Lago, matizó ayer en la presentación que, una vez realizada la inversión, «la idea es acabarla cuanto antes», por el coste que suponen los retrasos.
fase final de las obras
Un retraso motivado por las bases de montaje de vías. El actual retraso «técnico» en la última fase de las obras del AVE entre Pedralba (Zamora) y Taboadela (Ourense) no tiene que ver con imprevistos, modificaciones de contrato o suspensiones, sino con una evidente demora en la puesta en marcha de las bases de montaje de vía de Meamán y, sobre todo, de A Mezquita, el lugar desde donde se llevará a cabo el mantenimiento de la línea cuando entre en servicio. Esto obligó a idear un plan B, consistente en comenzar el montaje del carril desde Pedralba, alimentando todo este desarrollo logístico desde la lejana base de La Hiniesta, muy cerca de la capital zamorana. Parece que Meamán ya está en funcionamiento, pero la demora de la base de A Mezquita es más relevante. A esto se suma la complejidad de los distintos soportes para las vías a lo largo del recorrido, un caso único en la ingeniería ferroviaria mundial. Cerca del 67 % de la vía irá en placa -integrada en una losa de hormigón en los túneles- y el resto sobre balasto, el sistema más común. Se calcula que el retraso acumulado en el despliegue de vía y de los elementos de electrificación oscila entre los cuatro y los seis meses.
DEMORAS 2014-2017
Las suspensiones eran procedentes. El evidente fiasco administrativo que relata en un informe reciente el Tribunal de Cuentas durante el período 2014-17, cuando las obras estaban en manos del Gobierno de Rajoy y hubo 17 tramos suspendidos, ha sido contestado por la actual presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, en un escrito de alegaciones. En él recuerda que las suspensiones de contratos decretadas eran necesarias y que el Tribunal de Cuentas no las cuestiona. Otra cosa, recuerdan, es que pudieran haberse evitado «incrementando los esfuerzos» en la fase de planificación y proyectos. La normativa prevé que se suspendan las obras hasta que se elaboren los modificados de proyecto, habituales en proyectos de gran complejidad como el AVE a Galicia, donde siempre hay imprevistos. También recuerdan que la ley actual simplifica este proceso, algo que no se daba entonces, y que otras alternativas habrían supuesto retrasos aún mayores de cara a la puesta en servicio. De hecho, el Tribunal de Cuentas pide al ADIF que arbitre medidas para evitar estas demoras o «paralizaciones innecesarias».
El propio informe de la Xunta sobre el AVE describe con crudeza la situación durante estos años: «A práctica totalidade das obras atopábanse paralizadas ou con niveis mínimos de actividade por non levarse a cabo a tramitación correspondente».
