Unanimidad entre los presidentes de comunidades como Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León o Aragón: exigen a Hacienda que pague o habrá recortes de servicios públicos. Feijoo, sobre el conflicto del IVA: «Esto no es un problema del PP o del PSOE, esto es un problema de que faltan 370 millones»
07 feb 2020 . Actualizado a las 21:05 h.El Ministerio de Hacienda ha sido rotundo durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera ante los consejeros autonómicos: no se pagarán los 2.500 millones de IVA pendientes de diciembre del 2017 (200 millones en Galicia), y en cambio solo se ofrecerá una flexibilización en la senda del déficit para este 2020. Se dará un margen hasta el 0,2 % del PIB, cuando este ejercicio las comunidades debían quedar en el 0 %. Es decir, se da margen a las comunidades para que gasten más.
Según algunas fuentes, Hacienda permitirá también que las comunidades puedan descontarse ese dinero del IVA para el cómputo de su propio déficit durante el 2019, lo que permitirá a algunas cumplir y esquivar el control estricto de Hacienda. En este caso la medida no tendría efecto en Galicia, que también ha cumplido el pasado ejercicio. Son las soluciones que ha planteado a las comunidades en una reunión muy tensa, según distintas fuentes.
Horas antes, los presidentes de comunidades autónomas habían mostrado su confianza en que la ministra se moviera y procediera al desbloqueo de esos 2.500 millones pendientes. Así lo habían expresado los responsables de Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, de partidos diferentes: que el Gobierno que se mueva y entregue ese dinero.
«Esto no es un problema del PP o del PSOE», dijo esta mañana Alberto Núñez Feijoo. «Esto es un problema de que faltan 370 millones [los 200 del IVA más otros 170 que reclama Galicia por cumplir con el déficit], que es el presupuesto que necesitaríamos para reformar íntegramente el hospital de A Coruña o para la reforma completa del hospital de Pontevedra y el hospital de Ferrol».
Feijoo recordó que la ministra Montero le prometió arreglar este asunto en agosto del 2018, «pero seguimos igual, e todo o que non sea poñer unha data para o pago dos 370 millóns de euros é marear a perdiz e un incumprimento sistemático». Celebró que algunos dirigentes socialistas ya hayan dicho «basta ya» y reclamen esos fondos.
Uno de ellos es el responsable de Asturias. El socialista Adrián Barbón aseguró que defenderá donde pueda la reclamación de los 75 millones procedentes de la recaudación del IVA del 2017, y añadió que está dispuesto a dialogar, pero, si no hay «puntos de acuerdo», el Principado iniciará el procedimiento judicial.
«Esto no va de paliativos»
Barbón ha considerado que esta tarde tendría que haber algún tipo de «avance o mensaje» por parte del Ejecutivo acerca de su disposición a buscar vías de diálogo. Preguntado por si aceptaría alguna medida paliativa, como insinuó la ministra Montero, el jefe del ejecutivo asturiano ha afirmado que «esto no va de paliativos», sino de que la propuesta del Gobierno central convenga a los intereses de Asturias.
Un argumento similar ha dado el presidente aragonés. Para Javier Lambán, la única medida paliativa que espera en recuperar los 80 millones de euros de la liquidación del IVA que le corresponden a ese territorio.
«Dejar a las comunidades autonómicas sin un ingreso fundamental, como es el del IVA, es difícilmente explicable», ha dicho Lambán, quien ha apuntado que se empiezan a ver «signos» de que se estudian alternativas y espera que esta tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «se haga algún apunte positivo en ese sentido».
El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla (que gobierna junto al PSOE), ha llamado de nuevo al Estado a no obligar a las comunidades autónomas a acudir a la vía judicial para reclamar la recaudación del IVA, ya que cree que «tiene perdido» ese pleito «si se resiste a no pagar».
«Lo que no es tuyo lo tienes que devolver»
«No nos gustaría tener que volver a los juzgados», ha expresado el líder del PRC este viernes. «No hace falta ser un jurista de prestigio para entender que lo que no es tuyo lo tienes que devolver», ha reflexionado Revilla, que se ha mostrado «convencido» de que el Ejecutivo central «tiene perdido» el pleito por este impuesto «si se resiste a no pagar» los 2.500 millones en total y «obliga» a las comunidades a recurrir a la vía judicial para reclamar lo que considera «una apropiación indebida de fondos». «No se puede quedar con lo que no es suyo», ha insistido, antes de pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «se ponga en el papel» de las comunidades y las traspase el dinero adeudado.
Para el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), la comunidad necesita recursos y no posibilidades de endeudarse, por lo que ha pedido al Gobierno central que deje de ser «moroso», sea «cumplidor», y pague lo que debe. Pagar ese dinero «es fundamental» para que el Gobierno de España atienda a las reivindicaciones que hacen desde la Junta en nombre de los habitantes de la comunidad. «Cualquier otra cosa sería una decepción tanto para la Junta como las personas de esta tierra», ha incidido.
«Una amenaza para el pago de servicios públicos»
Uno de los presidentes más rotundos contra Hacienda, el socialista Emiliano García-Page, ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo bipartito de Sánchez cumpla con las comunidades, avisando de que no liquidar esa deuda sería una «amenaza» para el Estado del Bienestar de las comunidades autónomas. «Que no se engañe nadie, será una amenaza de recorte a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales», ha agregado.
En todo caso, ha apuntado que Castilla-La Mancha va a la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «de muy buena fe» para «intentar llegar a acuerdos», rebajando así el tono de las últimas semanas en las que se llegó a amenazar con ir a los tribunales si no se satisfacía la deuda. «Hay que plantear los problemas» para conseguir «soluciones», ha considerado.
Otro socialista, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que el problema de la comunidad no es el IVA sino la financiación autonómica, porque los valencianos pierden «cada año 1.350 millones de euros que nos corresponden» y ha señalado, ante la posibilidad de acudir a la Justicia para reclamar ese pago: «Ni la descartamos ni la dejamos de descartar, estamos por el diálogo; si finalmente no hay ninguna respuesta veremos qué hacemos, no en el tema del IVA sino en general».