Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en la justicia de Galicia en un 30 %, y la Xunta lo rebaja a poco más del 1 %
GALICIA
Los convocantes reconocen que la incidencia ha sido desigual en distintos puntos de la comunidad; a nivel nacional, Csif habla de un «éxito rotundo» con un seguimiento del 85 % y 700.000 actuaciones suspendidas en toda España
17 abr 2023 . Actualizado a las 22:46 h.La primera jornada de paros parciales por la huelga de funcionarios de justicia no ha provocado una paralización rotunda de la actividad judicial en Galicia. El propio comité de huelga en la comunidad habla de un seguimiento «desigual» según las zonas, aunque lo ha cifrado en un 30 % de media. La Xunta, sin embargo, rebaja el porcentaje a tan solo un 1,1 %.
En Vigo, por ejemplo, sindicatos convocantes hablan de un 15 % de incidencia. «La concentración tuvo bastante éxito. Estuvimos unos 60 funcionarios de los 385 que tienen los 40 juzgados que hay en Vigo. Hay que entender que estamos en un contexto de huelga nacional, y que el miércoles habrá una manifestación en Madrid en la que se verá el verdadero grado de aceptación entre los funcionarios. En Galicia afectará mucho en comparación con el resto de comunidades, porque ya hubo una huelga hace cinco años por los mismos motivos, y no se quiere volver a pasar por una situación similar. La situación en los juzgados de Vigo es calamitosa y nadie puede permitirse otros tres meses de huelga», apunta Roberto Fariña, del sindicato STAJ.
Julio Bouza, de SPJ USO coincide en cifrar en un 15 % el seguimiento en Vigo de las tres horas de paro. «No hubo incidencias y la mañana se desarrolló en calma. Hasta mañana o pasado no sabremos si hubo suspensión de juicios, pero hoy parece ser que no se suspendieron», indica.
En los dos juzgados de Lalín, apuntan desde la delegación de La Voz en la zona, no hubo ningún funcionario en huelga, y tampoco se registraron incidencias en los de A Estrada.
En A Coruña, el sindicato Csif cifró el respaldo de la huelga en el 30-40 %, aunque otras fuentes sindicales hablan incluso de una incidencia «prácticamente nula», con un seguimiento «muy escaso y con muy pocos procesos afectados».
También en Ourense el seguimiento de la huelga nacional entre los funcionarios de justicia tuvo un seguimiento minoritario. Según informan desde la delegación de La Voz en la ciudad, casi todos los juicios señalados para este lunes pudieron desarrollarse con normalidad, aunque sí se suspendieron los que estaban previstos a partir de las diez en el Juzgado de lo Penal 1. Esto provocó que solo se pudiera celebrar una vista, la que comenzaba a las nueve y media de la mañana, quedando suspendidas las otras tres que estaban en la agenda. A las diez la puerta de la sala de vistas de cerró, colgándose un cartel en el que se informaba de que a partir de ese momento todas las vistas quedaban aplazadas. Al filo de las once de la mañana, medio centenar de funcionarios se concentraron a las puertas del edificio judicial, con pancartas en las que reivindicaban un «salario justo» para los trabajadores. Fuentes sindicales apuntaron que algunas de las mejoras que se reclaman con esta huelga ya se adoptaron para los trabajadores de la justicia gallega tras el paro que protagonizaron en los primeros meses del 2018, algo que podría estar detrás del bajo seguimiento de la convocatoria.
Desde Santiago, sin embargo, reportan una primera jornada de huelga con alta participación. Según el sindicato Csif, dos tercios de la plantilla secundaron el paro. Algunos de ellos, han aclarado, trabajaron porque forman parte de los servicios mínimos, pero apoyan las movilizaciones. No se registró ninguna incidencia en los juzgados compostelanos, y tampoco hay datos oficiales sobre las posibles suspensiones de juicios por el paro.
En Ferrol, a pesar de que no se esperaba un seguimiento mayoritario, sí se han suspendido varios juicios, por ejemplo, los tres previstos hasta la una en la sala de los juzgados de lo penal. Curiosamente, una de esas citas lleva casi cinco años pendiente de celebración, y ya fue suspendida por la anterior huelga judicial vivida en Galicia en el año 2018, tal y como explicaba una de las afectadas, Conchi Ríos. «Uno de los testigos viene desde Santiago y es la cuarta vez que acude en vano», detalló el abogado Leopoldo Gómez, que censuró el daño «demasiado alto» del paro, al no haber sido advertidos ayer de que el juicio se suspendería.
En Pontevedra, los sindicatos apuntan que el seguimiento fue mayor en los juzgados denominados de pueblo que en las sedes de la capital provincial, donde apenas hubo incidencias destacables. Ante los juzgados de la ciudad se concentraron cerca de un centenar de funcionarios, pero Quique Araújo, de STAJ, incidió en que las movilizaciones importantes tienen que darse en Madrid, dado que las demandas se dirigen contra el Ministerio de Justicia, no contra la Xunta. Bouza asumió que el seguimiento de esta primer día de protestas será bajo en el caso de Pontevedra, pero apuntó que no pueden dejar de convocar las protestas «porque isto é unha folga a nivel nacional e todo o que se saque en Madrid o vamos aproveitar». En esa línea, este delegado sindical remarcó que quieren tener claramente reguladas sus funciones «porque a maioría das nosas funcións non están sobre o papel adxudicadas a nós, senón aos letrados, pero realmente quen as facemos somos nós, que somos o 90 % do persoal que traballa nos xulgados». Por ello, demandan que las funciones estén reguladas cuerpo por cuerpo, «e unha vez reguladas, se pague en base a esas funcións».
Reclamaciones salarias y de condiciones laborales
La huelga, de carácter indefinido, ha sido convocada por Csif, STAJ, CC.OO. y UGT, y en Galicia está respaldada también por la CIG. Están llamados a secundarla 45.000 empleados públicos en toda España, 2.500 de ellos en la comunidad gallega. Con esta medida, los convocantes reclaman al Ministerio de Justicia una subida salarial en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras sus casi dos meses de huelga --de unos 450 euros al mes--. También instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una «redefinición» de las funciones de los empleados públicos de la administración de justicia.
Son algunas de las cuestiones que se recordaban esta mañana en las concentraciones de protesta, como la celebrada en Santiago, que se produjo ante los juzgados de Fontiñas. «Estamos defendiendo nuestros derechos ante una ley que pretende publicar la ministra y en la que se recortan los derechos laborales de los trabajadores y también los derechos de los ciudadanos», ha dicho, durante la protesta de Santiago, Manuel Díaz, delegado de UGT en A Coruña, que ha acusado al Ministerio de buscar un recorte «en el servicio público».
Asimismo, ha explicado que los paros obedecen a que sus funciones «no están siendo reconocidas ni determinadas tanto legal como retributivamente». «Tenemos un complemento de destino que es inferior al de todas las administraciones del Estado, que es inferior al de hace 20 años», ha apuntado Díaz, que ha advertido de que los trabajadores «no van a permitir que la ministra juegue con el futuro de la Justicia de esta manera». Denuncia que habrá un «recorte de puestos de trabajo y de derechos» y que la norma supondría, entre otras cuestiones, «dejar de crear juzgados».
Mayor incidencia a nivel nacional
A nivel nacional, sin embargo, los sindicatos convocantes hablan de una mayor incidencia. Desde Csif, el sindicato mayoritario en la Administración de justicia española, califican esta primera jornada del paro de «éxito rotundo». Cifran en un 85 % el seguimiento de la primera jornada de huelga de los funcionarios del sector. El primer paro parcial, celebrado de 10 a 13 horas de este lunes, ha supuesto, según esta organización sindical, la suspensión de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, incluidos «decenas de miles de juicios».
Así las cosas, advierten que, si la situación continúa y se mantiene la huelga, «se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo perdido por esta primera jornada». Según el sindicato, «los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España», como los juzgados de guardia, de lo social, lo penal, menores y vigilancia penitenciaria, así como en los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), a lo que suma la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, o el Imelga en Galicia.
«Lamentamos las molestias que estos paros han causado a los ciudadanos en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el Ministerio que dirige Pilar Llop es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados», dicen desde Csif.
Preocupación entre los abogados, mitigada por el bajo seguimiento
«Es el acabose», comentaba Manuel Blanco Ons, delegado del colegio de abogados en Noia, al periodista de La Voz de Galicia en Barbanza Francisco Brea. Apunta que todo «es una espiral», ya que la huelga de letrados tuvo un gran impacto y ahora la actividad «se va retomando, pero muy lentamente. Parece que no hay ninguna intención de recuperar el tiempo perdido». El abogado señala que el ciudadano es el más perjudicado, pero «tiene que esperar y aguantar. Además, para la población en general, mientras no le afecte personalmente, parece que el problema no existe». En ese sentido, alerta de que la situación puede empeorar si los jueces también deciden hacer presión para mejorar sus condiciones: «Es algo que ya se plantea que podría suceder».
Por su parte, Lito Méndez, abogado en Ribeira, dice que todavía es pronto para hacer valoraciones, aunque ve claro que el paro «va a dilatar la tramitación, y ya hay retraso». Explica que los juicios se están celebrando, aunque tiene fijado uno el miércoles en Ribeira y no sabe si se suspenderá. Considera que esta situación va a provocar un «retraso mayor al que ya hay». Méndez comenta que tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia «ya se preveía la de los funcionarios».
Desde el Colegio de Abogados de Vigo, su decana, Lourdes Carballo, apunta que la participación en la huelga fue baja: «No hemos notado nada y en el colegio no hemos recibido suspensión de vistas. La valoración sobre esta convocatoria es que estamos preocupados y alarmados si es que hay seguimiento. Pero si es cómo parece que está siendo, nos quedamos más tranquilos. Es lo que esperamos, porque esta es una reivindicación a nivel nacional que en Galicia ya se vivió en el 2018, así que auguramos poco seguimiento, y esperamos que así sea, porque haría mucho daño tras los dos meses del último parón --por los la huelga de letrados judiciales».
Desde A Coruña, el magistrado Antonio Fraga apunta este paro era «previsible». «A raíz de la huelga de letrados se veía venir que esto iba a ir en cascada. Ahora están los funcionarios y sabe Dios si quizá también le toque a los jueces. Cuando uno sube las retribuciones a un colectivo, los demás van arrastrados», comenta. Para Fraga, el bajo seguimiento del primer día de paro está relacionado con la larga huelga que mantuvo la Justicia gallega en el 2018 «que tuvo consecuencias tremendas y seguramente hizo retraerse a la gente en esta ocasión».
[Información elaborada con las aportaciones de las delegaciones de La Voz de Galicia]
