«Al denegarme la protección internacional, con la reforma de Extranjería pude acogerme al arraigo laboral»

 «Estoy en una lucha para vencer la burocracia». Johana sonríe mientras resume en una frase el largo camino que poco más de un año después de la entrada en vigor, el 16 de agosto del 2022, de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería aún han de recorrer los inmigrantes que llegan a Galicia desde países extracomunitarios para poder trabajar de forma legal. Según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el cambio ha logrado reducir de media en la comunidad entre nueve y cinco meses los tiempos de espera para obtener la residencia por cualquiera de las cuatro formas de arraigo que recoge la norma. Pero los más de dos años de trámites que aún tienen que enfrentar los inmigrantes que quieren regularizar su situación son un vía crucis en el que las estaciones equivalen a los resguardos blancos que les van entregando en las oficinas de Extranjería a medida que van superando los trámites necesarios para conseguir el documento que les abrirá la puerta al mercado laboral.

La reforma legislativa ha dado frutos en Galicia: el número de permisos de residencia inicial por arraigo concedidos en junio en Galicia fue de 6.232, más del doble de los 3.031 que se habían dado el mismo mes del año anterior. Pero la burocracia y las lagunas administrativas son todavía un lastre para lograr uno de los grandes objetivos de la reforma: poder regularizar potenciales trabajadores y acabar con «la lacra de la economía sumergida que fomentaba la anterior normativa», como reconoció en su día el Consejo de Estado.
La reforma del año pasado abrió nuevas vías para solicitar la residencia como el arraigo por formación, modificó los requisitos para acogerse a la fórmula del arraigo laboral o abrió nuevas vías de arraigo familiar, pero no logró suturar las heridas que todavía presenta el sistema, ni cambiar las reglas de la fórmula de arraigo social. «Para pedir el arraigo laboral, por ejemplo, hay que llevar dos años en España y acreditar que durante seis meses has cotizado al menos por 30 horas de trabajo semanal o durante un año por 15 horas. ¿Pero cómo una persona que está en España de forma irregular puede darse de alta para poder solicitar esta fórmula de arraigo?», se pregunta Elena Maison, abogada de Ecos do Sur.

Y ahí está, a su juicio, el verdadero problema. Porque lo que dice su experiencia es que buena parte de los que han conseguido en A Coruña el permiso de residencia con el que acceder a un trabajo legal a través de esa vía son personas a las que se les denegó previamente la protección internacional. «En el 2022 en toda España se solicitaron 118.842 peticiones de asilo. En Galicia fueron 5.124, el doble de las demandas que se habían presentado en el conjunto de España diez años antes (2.588). Eso ha provocado una saturación en el modelo».
Johana sabe bien lo que es eso. Ella llegó de Colombia a Galicia en el 2019, huyendo de un convulso contexto político y de una inseguridad que no la dejaba caminar tranquila por las calles de Bogotá. «Llegué en diciembre y no sabía muy bien cómo había que tramitar los papeles. No sabía que primero había que empadronarse... y no lo hice hasta febrero», recuerda esta graduada en Ciencias Políticas en su país que ahora combina un trabajo a tiempo parcial con un máster en Política Social e Intervención Sociocomunitaria.
Con el padrón en la mano y la petición de cita para solicitar la protección internacional comenzó esa lucha para vencer la burocracia de la que hablaba. Desde que su solicitud fue admitida a trámite, Johana esperó seis meses para poder empezar a trabajar. «El problema es que todo se ralentizó por el confinamiento y no fue hasta el verano del 2020 que tuve la cita para obtener la tarjeta blanca», recuerda. Después obtuvo la tarjeta roja. Combinó dos trabajos, pero en el verano del 2022 le llegó la notificación de que le denegaban su solicitud de asilo.
«Coincidió cuando entró en vigor la reforma del reglamento de Extranjería. Eso me benefició porque pude cambiar el procedimiento y acogerme al arraigo laboral. Mi contrato legal era de 25 horas semanales, por lo que pude entrar en el nuevo supuesto de haber cotizado al menos 15 horas cada semana durante un año».

Dejar de trabajar

Su problema fue que para poder cambiar la vía de la protección internacional por la del arraigo laboral para obtener la regularización tenía que estar en situación de irregularidad en el momento de la solicitud. Al no poder presentar un recurso frente a la denegación de asilo, dejó de tener derecho de trabajo y tuvo que avisar a la empresa para que la dieran de baja: «Pedí en octubre el arraigo laboral y no me respondieron hasta enero, en febrero me dieron la tarjeta blanca. En marzo conseguí un trabajo pequeño, pero en abril ya pude conseguir uno que me permite estudiar y trabajar», recuerda. La primera batalla la ha ganado. Pero aún le quedan muchas más. Una es que le homologuen su título universitario, un trámite por el que lleva esperando un año. Otra es renovar la tarjeta cuando le toque. Y la más dura lograr en un par de años la nacionalidad.

«La fórmula de protección internacional está obsoleta. Debería adaptarse»  

Aunque la reforma del reglamento de Extranjería trajo bajo el brazo muchos cambios, no modificó la fórmula del arraigo social. «Como mínimo hay que estar tres años viviendo en España para pedirlo», dice Elena Maison, que recuerda que esa era una de las grandes demandas de las entidades que trabajan con inmigrantes. De hecho, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la mayor parte de los 190.414 extranjeros que lograron la residencia inicial en el primer semestre del año en el conjunto del Estado, lograron en España la regularización por medio de esta fórmula (93.971). Y del total 59.760 no estaban dados de alta en la seguridad social, una cifra que en Galicia asciende a 2.239 personas.

Lo que se pide para el arraigo social son tres años de residencia y disponer de medios para mantenerse. Lo que resulta chocante es que buena parte de las personas que habían logrado regularizar sus papeles el pasado mes de junio (176.328) han estado todo el tiempo de forma irregular en el país. 

Arraigo laboral

Aunque en el conjunto del Estado el número de personas que han logrado la regularización por medio del arraigo laboral es de 19.330, es verdad que es una fórmula de entrada para aquellos demandantes de protección internacional a los que su expediente les es denegado, como explica la abogada de Ecos do Sur que ocurre en Galicia. Además, recuerda que a estas personas «una sentencia del Supremo les permite continuar trabajando hasta que la denegación no es formal». Pero a su juicio es ahí, en el tema de la protección internacional donde hay mucho trabajo pendiente todavía. «La fórmula está obsoleta. Debería realizarse una regulación fiable del modelo de protección internacional», dice.

Agilizar trámites

Aunque no hay cifras de cuántas personas que están de forma irregular en España a la espera de papeles logran mantenerse gracias a esa economía sumergida que quiere reducir el Ejecutivo, no es extraño que recurran a ella para poder comer y poder pagarse un alojamiento.

Porque durante el tiempo que están esperando, aunque encuentren un empleador que les ofrezca un trabajo, no pueden darse de alta en la Seguridad Social al carecer de permiso. De ahí la urgencia de que los trámites sean más ágiles.

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