La Xunta exige al Gobierno negociar el nuevo mapa estatal de autobuses porque «condena» a las áreas rurales
GALICIA
El Ministerio de Transportes pretende retomar el plan de concesiones sin apenas cambios, pese a que en Galicia suprime 23 paradas
29 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha comunicado a las comunidades autónomas que pretende retomar el nuevo diseño concesional de las rutas estatales de autobús, que preservará en esencia las directrices de un borrador que fue presentado a las comunidades autónomas en mayo del 2022. Este nuevo mapa pretende reducir rutas para concentrarse en los tráficos interautonómicos y recortar el número de paradas con el objetivo de lograr unos tiempos de viaje más atractivos. Esta planificación fue contestada por varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, al considerar que deja sin conexión a zonas rurales, precisamente en un período en el que el problema de la despoblación se ha introducido con fuerza en la agenda política.
Este es el principal argumento de la carta remitida esta semana por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, a la nueva directora general de Transporte por Carretera, Roser Obrer Marco. El responsable del departamento que dirige Ethel Vázquez reclama al ministerio «una interlocución directa y activa en el proceso de redacción de aquellos proyectos del mapa nacional de concesiones de transporte terrestre por carretera que afecten a Galicia», una petición que ya fue trasladada en su momento a la anterior ministra, Raquel Sánchez, en la reunión de la Comisión Nacional de Transportes celebrada el 6 de julio de 2022. «Estimamos imprescindible que, durante el proceso de redacción, que ahora se retoma, se escuche y valore la voz de las administraciones autonómicas en general y de Galicia en particular, como agentes directamente afectadas y mejores conocedoras del territorio y su movilidad», argumenta el director xeral.
Aunque la Xunta admite la necesidad de reformular un mapa concesional desfasado para adaptarlo a las actuales necesidades de movilidad entre los distintos territorios, considera que el proyecto ministerial «no es positivo ni beneficioso para las personas usuarias ni para las necesidades estratégicas sociales y económicas de Galicia, dado que se condena a la movilidad del rural con menos servicios, menos paradas y la obligación de realizar transbordos en las líneas de largo recorrido».
«Diálogo constructivo»
La planificación presentada en su momento eliminaba 23 paradas en otros tantos concellos, algunos con una población significativa como Lalín, Tui, O Porriño, Melide o Allariz, entre otros. Esta situación, aderezada con los planes previstos en la Ley de Movilidad Sostenible —que se aprobará este año— para eliminar rutas ferroviarias con poca demanda, «afectará muy seriamente a la movilidad rural», concluye el alto cargo de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que plantea «un diálogo constructivo y colaborativo» para lograr un transporte público por carretera que responda a las demandas de los usuarios.
Con la carta remitida a la directora general se adjuntan las alegaciones que la Xunta presentó en su momento al nuevo modelo concesional «para que puedan ser tenidas en cuenta». El Gobierno gallego cuestiona la sostenibilidad del nuevo diseño, pese a que el ministerio está convencido de que traerá como resultado una reducción de las emisiones. «La eliminación de paradas próximas a una parte significativa de la población obliga a los viajeros a usar el vehículo particular o a otras administraciones a poner en circulación más autobuses. Por lo tanto, el descenso de las emisiones no es real», argumenta Mobilidade.
La tesis principal del documento de alegaciones es que el nuevo modelo de rutas de autobús «únicamente recorta servicios». Recuerdan que se reducen en un 47 % las rutas, un 53 % las paradas y un 11 % la población atendida. Para la Xunta, es «difícilmente entendible» que se pretenda potenciar el uso del transporte público frente a medios más contaminantes «con una menor oferta», centrada en lo que el ministerio denomina «grandes flujos de viajeros entre capitales provinciales y poblaciones de cierto tamaño». Sin embargo, la consellería cree que esta apuesta «obvia las necesidades del resto del territorio» y responde solo a criterios de «rentabilidad económica». En principio, las relaciones que se dejarían de prestar recaerían en los planes de transporte autonómicos, que deben compensar las pérdidas de las concesionarias. Por tanto, se traslada una carga económica a las comunidades autónomas. El ministerio garantiza «apoyo» en la búsqueda de soluciones de movilidad hacia los nodos que estarán conectados a la red, pero no se aclara de qué forma.
La Xunta también recuerda en las alegaciones que el nuevo diseño concesional pretende dejar de prestar 1.142 trayectos directos entre localidades gallegas, mientras que de los 224 tráficos nuevos solo diez benefician a Galicia.
Mobilidade cree que el sistema tarifario penaliza a las zonas menos pobladas
Las alegaciones del Gobierno gallego al nuevo mapa estatal de rutas de autobús también cuestionan el sistema tarifario, pues tras estudiar el modelo elegido «se aprecian elevadas disparidades entre las diferentes concesiones, con penalizaciones significativas en aquellas que atienden ámbitos más rurales». En este sentido, recuerdan que en el Plan de Transporte Público de Galicia se optó por la uniformidad de tarifas para los mismos orígenes y destinos, independientemente de las concesiones que atiendan el tráfico o de su recorrido. «Es inexplicable que una persona usuaria que viaje de A Coruña a Ponferrada abone 4, 8 o 10 céntimos por kilómetro en función del autobús en el que se suba, situación que implica pagar un sobreprecio del doble o más del doble», aseguran. Además, la situación periférica de Galicia hace que las tarifas medias sean superiores al resto.