Las víctimas del Alvia rechazan «un segundo juicio», al pedir el ADIF una vista pública para abordar los recursos contra la sentencia
GALICIA
Recriminan a la Abogacía del Estado, representante legal del administrador ferroviario, que pretenda retrasar la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña
04 feb 2025 . Actualizado a las 18:23 h.«En atención a la complejidad y relevancia del presente asunto, estimamos procedente que se celebre vista pública para que las partes podamos realizar alegaciones finales a la vista de los recursos e impugnaciones presentadas por las partes». Con este texto finalizaba el recurso presentado por la Abogacía del Estado, como representación legal del ADIF, contra la sentencia del Alvia, que condena al maquinista y al exdirector de Seguridad en la Circulación del administrador ferroviario, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de cárcel. De esta forma, la estrategia del Estado pasa por tratar los recursos en una vista oral en la Audiencia Provincial de A Coruña, en este caso la sección sexta, con sede en Santiago. La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la celebración de este tipo de vistas si los recursos contienen proposiciones de prueba o reproducciones de lo grabado durante el juicio, o cuando el tribunal lo considere necesario para «la correcta formación de una convicción fundada».
Si finalmente se admite esta petición, podría suponer un nuevo desafío logístico para la Justicia gallega, pues habría que convocar de nuevo al gran número de partes personadas en el proceso y encontrar un lugar con capacidad suficiente, pues hay que recordar que el juicio se celebró en dependencias de Ciudad de la Cultura de Santiago. La vista, además, podría alargarse sensiblemente, no solo por el número de intervinientes, sino por la evidente complejidad del caso, con diez años de instrucción y casi un año de juicio, en unos recursos que, además, cuestionan en algunos casos el relato de hechos probados de la sentencia.
La Plataforma de víctimas del Alvia se pronunció este martes en contra de que se celebre lo que denominan «un segundo juicio». «Lo que se pretende con esto es seguir retrasando y entorpeciendo que se haga justicia. Tendría cierta explicación que lo hicieran los condenados a través de sus abogados, pero en este caso es el Gobierno quien lo hace a través de la Abogacía del Estado y el ADIF, que han tenido más de 11 años para plantear todos sus argumentos y llevar a decenas técnicos y peritos expertos pagados por todos nosotros», explican en un comunicado, en el que recuerdan que los máximos responsables de la Abogacía del Estado y del ADIF son, respectivamente, los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente. «Un Gobierno —añaden— que desgobierna solicitando un segundo juicio que lo único que haría es retrasar aún más la resolución de la Audiencia, generando aún más dolor en víctimas y familiares».
Los afectados por el accidente ferroviario de Santiago del 24 de julio del 2013, que causó 79 muertos —la sentencia no reconoce a la víctima número 80—, apelan de nuevo a lo que denominan «razón de Estado», cuyo objetivo, alegan, «es evitar cualquier tipo de responsabilidad política y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad».
Recuerdan que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se niega a recibirlos «y a llevar a cabo la investigación independiente», pues consideran que la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no se atuvo a las garantías de independencia que exige la Comisión Europea, como quedó claro en el procedimiento de infracción.
En su impugnación de los recursos de la Fiscalía -que apoya la absolución de Cortabitarte-, del ADIF y de las aseguradoras Allianz y QBE, el abogado de la plataforma, Manuel Alonso Ferrezuelo, se muestra también contrario a la celebración de la vista, «por entender que dicha solicitud tiene un afán exclusivamente dilatorio».