La Xunta aprueba la reforma de las oficinas judiciales de Galicia por la nueva ley
GALICIA
El« Diario Oficial de Galicia» publicó este miércoles las resoluciones por las que se aprueba el diseño y estructura organizativo, así como los puestos de trabajo
07 may 2025 . Actualizado a las 15:09 h.El Diario Oficial de Galicia recoge este miércoles las resoluciones por las que se aprueban el diseño y estructura organizativa, así como las relaciones de puestos de trabajo, de los registros civiles, de las oficinas de justicia y de las oficinas de justicia en los municipios. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitó este miércoles la oficina de justicia de Oroso, donde informó de la aprobación de la reforma de las oficinas judiciales de Galicia en el marco de la implantación de la nueva ley de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Durante la visita, Calvo destacó precisamente la importancia de las nuevas oficinas de justicia del municipio, ya que con ellas los actuales juzgados de paz evolucionan para facilitar una mayor cercanía a la ciudadanía y permiten disponer de servicios en todo el territorio, especialmente en el medio rural para evitar la despoblación. «A oficina de xustiza no nunicipio configúrase como a porta de acceso á Administración de Xustiza», afirmó.
El conselleiro explicó que estas oficinas son las que registran más novedades con la reforma, ya que, además de mantener los actuales servicios, ampliará el catálogo de gestiones en los ayuntamientos con menos población y con una atención más próxima. Así, con el objetivo de evitar que las personas residentes en estos municipios tengan que desplazarse para realizar gestiones presenciales, se dotarán de los medios tecnológicos necesarios para intervenir a distancia en los actos procesales. Estas 268 oficinas en Galicia tienen como prioridad prestar un servicio a la Administración de Justicia y amplían también su actividad al resto de las Administraciones públicas.
Diego Calvo destacó el especial esfuerzo que supone para Galicia la implantación de esta reforma, realizada siguiendo el modelo de referencia aprobado en la Conferencia Sectorial de Justicia, por el elevado número de partidos judiciales, la dispersión territorial y la diferente tipología. Incidió además en que esta reforma no viene acompañada de una transferencia presupuestaria, por lo que lamentó la falta de un análisis del coste inicial de su implantación y que las nuevas normativa estatales no se acompañen de los presupuestos necesarios, cargando los gastos de la reforma en las comunidades con competencias en Justicia, como la gallega.
Recordó que en la última sectorial de Justicia celebrada en Barcelona el Gobierno no incluyó en la orden del día los puntos solicitados desde Galicia y otras comunidades, entre los que figuraba la financiación por los costes de la implantación. Por eso, insistió en que el Gobierno debe, lo antes posible, consensuar con las comunidades una orden del día para la celebración de la Conferencia Sectorial que contemple los aspectos que afectan los distintos territorios para implantación de la ley de eficiencia. Solo así, aseguró, la celebración de sectorial será productiva para las distintas comunidades, en lugar de «citarnos para facer unha foto».
En lo que se refiere a la resolución publicada este miércoles por la que se aprueba la estructura de todas oficinas judiciales, señaló que busca un diseño flexible y adecuar su dimensión y organización conforme las exigencias de la nueva ley de manera gradual y progresiva. Así, en una primera fase se establece la constitución de las nuevas oficinas de 38 partidos judiciales para antes de 1 de julio, mientras que para las oficinas judiciales situadas en las siete ciudades gallegas la fase de implantación finaliza el 31 de diciembre, completando así la reforma en los 45 partidos judiciales existentes.
En cuanto a los puestos de trabajo, en las resoluciones publicadas se aprueban los correspondientes a las oficinas generales de los registros civiles y a las oficinas de justicia de la primera fase de implantación, así como a las oficinas de justicia en los municipios pertenecientes a los 38 partidos judiciales que se transforman. Una vez publicadas estas resoluciones, se acordará con los sindicatos la reorganización de los funcionarios en los puestos de trabajo de las oficinas judiciales y oficinas de justicia del municipio.