Pontón insta al Gobierno a aprovechar el dictamen de la Comisión y «acabar coa estafa da AP-9»
GALICIA
La líder del BNG reclama «vontade política» para recuperar la titularidad de la autopista y eliminar los peajes
17 jul 2025 . Actualizado a las 16:22 h.La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, celebró el dictamen de la Comisión Europea que declara ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno de José María Aznar que permite a la empresa Audasa seguir cobrando peajes durante los próximos 23 años. «Supón unha oportunidade para que o Goberno rescate a autoestrada e teñamos unha AP-9 libre da estafa das peaxes en lugar de estar pagandoa ata o 2048», resaltó la líder nacionalista, que insta al Ejecutivo central a «aproveitar esta porta legal» abierta por las instituciones europeas para proceder a la recuperación de la titularidad de la autopista y la eliminación de los peajes.
Pontón recordó que la ampliación de la concesión se produjo con Aznar como presidente, que procedió a privatizar la infraestructura «a prezo de saldo». «De non ser por esa decisión, hoxe estariamos circulando por unha AP-9 libre de peaxes», razonó. La dirigente nacionalista consideró «urxente» que el Gobierno «tome nota» de la decisión de la Comisión, «deixe de marear a perdiz» y cumpla con la ley para que «se faga xustiza coa AP-9».
La líder del Bloque también reclamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que apoye la demanda de su organización y se ponga «do lado de Galiza por unha vez». También exhorta al titular del Gobierno gallego que se disculpe «pola estafa propiciada polo Goberno do Partido Popular». «Ademáis dunha aldraxe é unha ilegalidade e é o momento de cambialo», concluyó.
La portavoz nacional del BNG recordó el estudio encargado por los nacionalistas a la Universidade da Coruña, presentado el pasado verano, en el que se cifraba el coste del rescate de la AP-9 en 904,7 millones de euros, su coste de mercado. Según interpreta, el dictamen de la Comisión «certifica» las conclusiones del informe: «Ao ser unha concesión ilegal non hai que pagar lucro cesante». Pontón insistió en pedir «vontade política» para «acabar con discriminación e estafa pola que miles de galegos teñen que pagar cada día».
El informe de la UDC encargado por el Bloque sostiene que la prórroga de la concesión autorizada por el Gobierno de José María Aznar fue «ilegal», por lo que entiende que la empresa concesionaria, Audasa, no tendría derecho a recibir una indemnización por lucro cesante. Además, el estudio considera que el Gobierno podría rescindir de forma inmediata la concesión, aunque para eso debería actuar «de boa fe para Galicia».
Las cifras del estudio difieren mucho de las aportadas por el informe que la Xunta encargó a una consultora privada e hizo público a principios de septiembre del año pasado, que elevaban el coste hasta una horquilla de entre 1.612 y 2.355 millones de euros. El coste estimado por la UDC también es muy inferior a las cifras orientativas que suele manejar el Gobierno central, que habla de un coste de entre 4.000 y 6.000 millones de euros, pero sin ningún estudio publicado que lo respalde.