Un juzgado de Vinaroz procesa a la empresa que llevó a cabo el proyecto, participada mayoritariamente por ACS, y a dos de sus directivos al creer que eran conscientes de los peligros sísmicos que generaron las inyecciones de gas en la costa de Castellón
03 nov 2019 . Actualizado a las 05:16 h.Es una de las grandes chapuzas de la España contemporánea. Un proyecto, bautizado como Castor, para crear una reserva estratégica de gas natural que a punto estuvo de causar una catástrofe social y medioambiental de proporciones desconocidas. Así lo cree el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vinaroz, que ha abierto un procedimiento abreviado contra la empresa Escal UGS, una firma participada mayoritariamente por la constructora ACS (controla el 66,7 %), y dos de sus directivos. Sostiene el juez que ambos eran conscientes de que los trabajos llevados a cabo frente a las costas de Castellón y Tarragona suponían un riesgo sísmico muy elevado, de ahí que haya decidido sentarlos en el banquillo, una medida que ha extendido a la compañía en su condición de persona jurídica.
El origen del proyecto Castor se remonta al 2008, cuando, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó un documento (Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016) que autorizaba la creación de un almacén de gas natural en el antiguo, y agotado, yacimiento petrolífero de Amposta. La obra ya figuraba en otro informe precedente del Ministerio de Industria (Planificación energética 2005-2011) como «necesaria y prioritaria para el sistema gasista español».
El Gobierno de Rodríguez Zapatero quería contar con una reserva estratégica de gas debido a la enorme dependencia de otros productores, principalmente Egipto. El proyecto, adjudicado de facto a ACS a través de Escal UGS, debía garantizar el suministro durante 50 días en caso de que se interrumpiesen por completo las importaciones.
Lo que sucedió a posteriori dio la vuelta al mundo. Y dejó en muy mal lugar a los responsables de la obra. Entre los días 2 y 5 de septiembre del 2013, los dos directivos de Escal UGS ordenaron iniciar las inyecciones de gas en la planta pese a que, según el juez de Vinaroz, eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear».
Ola de terremotos
El auto de procesamiento dictado por el titular de la sala es contundente: «En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11». Lo cierto es que aquellos trabajos desataron una ola de terremotos que sacudiría ayuntamientos como los de Vinaroz, Sant Mateu, Amposta y Sant Carles de la Rápita.
La resolución publicada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no deja lugar a dudas. La ola de miniterremotos («hasta 519») desencadenada por las operaciones del Castor supuso «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno». El juez advierte incluso que el gas inyectado en el depósito sigue allí, debido a que su extracción no es viable «en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente».
El desenlace de este proceso judicial podría echar aún más leña al fuego en la historia del Castor, sobre todo si finalmente se demuestra en una sentencia que la firma participada por ACS llevó a cabo los trabajos a sabiendas de que supondrían un peligro. Si esto se confirmase, la polémica sobre las condiciones de adjudicación de este proyecto a Escal UGS cobraría otra dimensión.
Y es que el contrato rubricado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, incorporaba una controvertida cláusula que daba derecho a Escal UGS a cobrar una indemnización en caso de que se suspendiese el proyecto incluso aunque se demostrase una negligencia por parte de la empresa, justo lo que el juez de Vinaroz entraría a dirimir ahora. El Gobierno intentó anular esta prerrogativa a finales del 2013, pero el Tribunal Supremo la desestimó, si bien es cierto que su fallo dejaba entreabierta alguna puerta de cara al futuro.
Lo cierto es que las arcas públicas han desembolsado ya una indemnización de 1.350 millones de euros (la cantidad podría dispararse en los próximos años) a la adjudicataria de la planta, que permanece hibernada y que podría generar problemas en caso de ser operada de nuevo. El Ejecutivo central llegó a encargar un informe a dos expertos, uno investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y otro profesor de la Universidad de Harvard, para analizar todos los pasos que se dieron en el Castor.
La conclusión de aquel estudio era que las inyecciones de gas al depósito desencadenaron los terremotos en una zona activa de la falla de Amposta y dejaron desestabilizada la zona. Es por eso que extraer el hidrocarburo allí almacenado ahora podría resultar una temeridad, al reactivar la actividad sísmica incluso con una intensidad superior a la registrada en el verano del 2013.
Los afectados por la ola de miniterremotos se han agrupado en una asociación, Aplaca, que cifra en 80.000 personas los potenciales perjudicados por los episodios y que se ha personado como acusación particular. Sus objetivos, que se reconozcan los daños y se desmantele la plataforma, un serio contratiempo para la constructora en caso de que ganen la mano en los tribunales.
Más desvíos
El coste de desactivar el depósito, además de entrañar riesgos, tendría un coste de unos 300 millones de euros, según algunos cálculos, lo que engordaría aún más la factura de un despropósito que nació con mal pie. Y es que el Castor nació con errores en la planificación económica bastante significativos.
La inversión inicial que se había previsto se elevaba a unos 500 millones de euros, que fueron engordando progresivamente: 800 millones en el 2007 y 900 millones después, hasta los 1.350 millones finales. La última palabra del Castor, visto lo visto, aún no ha sido escrita.
Un desastre que estuvo a punto de recaer en el bolsillo del consumidor
Sostiene Murphy que cuando algo va mal, puede ir a peor. Con el caso del Castor, eso es más o menos lo que ha ocurrido. Cuando se decidió hibernar el proyecto y abonar la indemnización a Escal y a los bancos que financiaron la operación, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto que preveía depositar sobre los consumidores de gas buena parte de la factura económica de la controvertida obra. La idea era que la pagasen solidariamente durante 30 años, a razón de unos 95 millones de euros por ejercicio.
La patronal catalana Cecot presentó un recurso en el 2015 contra esta decisión, que finalmente fue aceptado por el Tribunal Supremo, que obligó al Gobierno a devolver a los consumidores 18 millones de euros correspondientes a los pagos de los años 2014 y 2015 para el mantenimiento de las instalaciones del Castor.
Es por eso que la batalla en los tribunales tiene varios frentes y todo indica que dará mucho que hablar en los próximos años. Además de las responsabilidades de la empresas y sus dos directivos, que ahora serán dirimidas por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz, los bancos que financiaron el proyecto a la empresa participada por ACS, y que serían los grandes beneficiarios de la indemnización, mantienen abierto un contencioso con el Gobierno para que se hagan efectivos los pagos recogidos en el contrato de adjudicación del proyecto.