La economía de Japón sigue sin despegar

María Puerto

MERCADOS

FRANCK ROBICHON | EFE

El elevado peso de la deuda sobre el PIB, una inflación que castiga el consumo y la debilidad del yen frente al dólar constituyen los grandes desafíos a los que se enfrenta el país nipón

26 mar 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

A las puertas de que empiece el nuevo año fiscal, que en Japón se inicia en abril, la tercera economía más grande del mundo muestra signos de fragilidad. La inflación está disparada, la deuda pública supera el 260 % del PIB, el consumo no acaba de despegar y las empresas se preparan para aprobar la mayor subida salarial de los últimos veintiséis años. La salida de la pandemia, de momento, no ha supuesto una rápida reactivación de la economía nipona, aunque se detectan signos positivos, como la recuperación del turismo internacional. Japón consiguió finalizar el 2022 esquivando la recesión. Durante el cuarto trimestre del pasado año, la economía creció un modesto 0,1 % (variación interanual) y el ejercicio finalizó con un aumento del PIB del 1,1 %.

A pesar de ello, la economía nipona arrastra graves problemas. Registra una inflación récord, en torno al 4,2 %, una cifra que comparada con la de España o la de otros países europeos no parece alarmante, pero que para Tokio es un terremoto y se aleja de la meta del 2 %. Es el porcentaje más alto en los últimos cuarenta años y desincentiva el consumo. Las causas se deben, en parte, a la coyuntura internacional y a la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios del gas y el petróleo. La desaceleración del crecimiento mundial castiga a las exportaciones niponas y el aumento del precio de las materias primas, junto a los costes de importación, golpea a las empresas. Japón compra en el exterior la mayor parte de la energía que consume.

La debilidad del yen frente al dólar estadounidense y otras monedas es otro motivo de preocupación, ya que dispara el precio de las importaciones. Aunque es precisamente un yen bajo lo que favorece el turismo y hace a Japón un destino competitivo. La subida de la inflación también ha agudizado un problema que se arrastra desde hace más de dos décadas: la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados japoneses.

Para reactivar el consumo, que representa más de la mitad del PIB, se hace necesario aumentar los ingresos de las familias. El Gobierno de Fumio Kishida ha presionado al mundo empresarial para subir los salarios. La mayoría de las grandes empresas se han comprometido a seguir las indicaciones del Ejecutivo. La gran marca japonesa de ropa de moda Uniqlo ha anunciado una subida salarial que llegará hasta el 40 % en algunas categorías. Grandes conglomerados industriales, como Hitachi y Toshiba. han acordado el mayor aumento salarial desde finales de los años noventa. Los datos son un indicador de cómo los trabajadores habían ido perdiendo poder adquisitivo a lo largo de los años. Según una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, más del 58 % de las pequeñas y medianas empresas también se plantean un aumento de las retribuciones.

Sin embargo, la media del incremento será más discreta. La Confederación de Sindicatos de Japón se ha fijado como objetivo consolidar un aumento del 5% en los convenios que se firmen a partir de abril. Reducir la deuda pública es otra de las asignaturas pendientes. Japón es el país más endeudado del G7, el grupo que reúne a las economías más desarrolladas. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, en el último ejercicio, la deuda alcanzaba el 262,5 % del PIB del país y más del 51 % de los bonos de deuda está en manos de su banco central. Ante la situación, el Gobierno japonés contempla un presupuesto récord de 860.000 millones de euros para hacer frente a los retos del nuevo ejercicio fiscal. Las cuentas del Gobierno deberán hacer frente a partidas adicionales de ayudas para paliar la subida de las materias primas y de la energía. Además, este año, Japón ha llevado a cabo un esfuerzo adicional aumentando el gasto militar. Un incremento que será progresivo, ya que el objetivo es que en cinco años se sitúe alrededor del 2 % de su PIB, un nivel parecido al de los países de la OTAN.