Italia es ahora la principal amenaza para la estabilidad económica de la eurozona. Su deuda pública va camino de superar el 140 % del producto interior bruto, lo que ha encendido todas las luces rojas en Bruselas. En el pasado reciente tenemos el precedente griego. Pero el caso del país transalpino no es equiparable al vivido por Grecia; ni por tamaño, ni por peso económico en el conjunto de la UE, ni por el volumen de su deuda, que supera los tres billones de euros. Es decir, el riesgo es mucho mayor y puede hacer temblar todos los equilibrios contables en la eurorregión. Para entender cómo se ha llegado a este nivel de deterioro hay que remontarse al 2020, cuando el Movimiento 5 Estrellas (M5E) puso en marcha el Superbono. El plan, pensado para reactivar la economía, permitía a los propietarios de viviendas hacer reformas energéticas con deducciones fiscales que cubrían hasta el 110 % del coste. También se ofrecían subvenciones para la renovación de fachadas de los edificios, que financiaban el 90 % de los gastos. El programa, clave para explicar el crecimiento reciente de Italia, iba a costar inicialmente varias decenas de miles de millones de euros. Sin embargo, el gasto se ha disparado y ha hecho trizas todas las previsiones: 220.000 millones de euros, casi el 10 % del PIB de Italia. Un país que ha tenido que recurrir a la emisión de deuda para financiar esta monumental estrategia en la que, en principio, todos salían ganando: los ciudadanos, la construcción y la industria y, por supuesto, la banca, encargada del riego crediticio. El Ejecutivo de Meloni se afana ahora en detener la hemorragia. Y no es para menos. Entre enero y julio, el déficit público italiano casi ha igualado al registrado en el mismo período del 2020, en plena pandemia. En cierto modo, esto recuerda al controvertido Plan E de Zapatero, pero en verde y multiplicado por diez. En lugar de rotondas y aceras, el dinero público ha ido al arreglo de viviendas y no a generar iniciativas que crean riqueza y empleo perdurables en el tiempo.