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A Manuel Velo, que ya pagó la multa, solo falta que le pongan fecha para dejar el cargo
07 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Es cuestión de días que Manuel Velo Reinoso deje la alcaldía de A Merca. Poco margen le queda. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense le impuso cuatro meses de inhabilitación. La Audiencia Provincial ha desestimado su recurso de apelación, por lo que la condena es firme. Iniciado el trámite de ejecución, el regidor ya hizo efectivo a finales de noviembre el desembolso de 700 euros que el fallo le imponía como multa. Ahora ya solo queda que desde el juzgado de paz de A Merca comuniquen al Juzgado de lo Penal número 1 que el regidor tiene perfecto conocimiento de la comunicación enviada por exhorto el pasado 16 de noviembre. Será entonces cuando, de forma inmediata, le envíen la correspondiente hoja de liquidación en la que figurará la fecha de inicio y la de finalización del período de inhabilitación.
El regidor había sido elegido como candidato del PP, aunque renunció formalmente a la militancia una vez que se aproximaba la fecha de sentarse en el banquillo de acusados. No obstante, se mantiene en la alcaldía con apariencia de independiente, con tres tenientes de alcalde del PP y una holgada mayoría de esta misma formación política.
Sin margen de recolocación
La sentencia del Juzgado de lo Penal, confirmada en su integridad por la Audiencia, había cerrado cualquier escapatoria a una eventual recolocación del regidor. Son cuatro meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Ello supone, como deja claro el fallo, «que Manuel Jorge Velo Reinoso se ve privado de la condición de alcalde del Ayuntamiento de A Merca». No solo no podrá obtener dicho cargo durante ese período, sino «tampoco el de teniente alcalde, concejal, o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal». Y por si aún quedara alguna duda, «tampoco podrá obtener cargos de gobierno en el ámbito provincial, autonómico o estatal, durante el tiempo de la condena».
Este último punto había sido uno de los que resaltaba la defensa del por ahora alcalde. Pretendía en su recurso que se limitara la inhabilitación al ámbito local. Cuestiona la defensa, dice la sala en su sentencia, la extensión que el juzgador especifica en su fundamentación y fallo de la pena de inhabilitación. La mera lectura del Código Penal, indica la Audiencia, «evidencia que se ha de extender a otros cargos análogos sin limitación alguna, por tanto, de su ámbito espacial».
Reiterado y contumaz
El proceder de Manuel Velo Reinoso había merecido una primera censura explícita en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, con referencias literales a su «consciente, reiterado y contumaz» proceder para no cumplir una sentencia que exigía al Concello de A Merca el derribo de una construcción ilegal. La situación irregular se mantuvo durante veinte años. Frente al llamativo retraso y prolongación en el tiempo, la demolición efectiva se había acometido, como reflejaba la primera sentencia, «en tiempo récord» coincidiendo con la apertura de las diligencias penales que han conducido a su inhabilitación.
La desobediencia por la que es condenado Velo Reinoso tiene su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Galicia, que en 1996 atendió un recurso, declaró la ilegalidad de una construcción y ordenó el derribo. Había otro alcalde en A Merca y a Manuel Vázquez Outeiriño le fue notificada la resolución en 1997, al igual que al propio Velo Janeiro en agosto de 1999 en un momento en el que era alcalde accidental.
Maniobras dilatorias
Ya en el 2004, siendo regidor el ahora condenado, recibió otra notificación. Optó por la senda de las «maniobras dilatorias». Intentó el gobierno municipal conceder licencia a la controvertida construcción y también fue anulada la licencia por el TSXG en abril del 2013, que el Supremo confirmó en 2014. Finalmente, tras ser requerido personalmente el acusado se concretó el derribo.
Es un «hecho incuestionable», dice la Audiencia, que desde el 2004 conocía el imputado la orden del TSXG. Su «reiterada pasividad» y una sucesión de trabas es, para la sala, «equiparable a la negativa abierta al cumplimiento» de la demolición. De la «conducta renuente» del regidor deducen los magistrados la existencia de una voluntad «directa de incumplir» la sentencia.
No deja de hacer la Audiencia referencia a «la gravedad de la conducta enjuiciada» del acusado, por cuanto «se prolongó en el tiempo hasta diez años, haciendo caso omiso a lo ordenado por un órgano judicial».