Cuatro mil viviendas turísticas, a la espera del alquiler por habitaciones

Las Rías Baixas concentran más de la mitad de las viviendas de uso vacacional de Galicia, con unas cuatro mil quinientas sobre las ocho mil quinientas registradas en toda la comunidad autónoma. Ahora, los propietarios, asociados en torno a Aviturga, el colectivo que ampara los intereses de los dueños de viviendas que deciden poner en alquiler vacacional, esperan la adaptación del decreto de la Xunta de Galicia a la sentencia del Tribunal Supremo que avala el alquiler fraccionado de este tipo de viviendas. La legislación autonómica solo permitía un alquiler de la vivienda al completo, salvo cuando el propietario residiese en la misma. Sin embargo, el fallo del Supremo tumba esta restricción autonómica y permite alquilar por habitaciones las viviendas turísticas.

Desde Aviturga admiten que, en Galicia, y especialmente en las Rías Baixas, donde se concentra el grueso de su actividad, por volumen de negocio y viviendas disponibles, el alquiler por habitaciones es marginal frente al de reserva de viviendas completas para el uso de familias. No obstante, esperan una pronta adaptación por parte de la Xunta al fallo del Supremo, toda vez que daría una mayor seguridad jurídica a los propietarios y disiparía problemas como las multas que en los dos últimos años se han impuesto a algunos propietarios por alquilar por habitaciones. Estas multas varían desde los ochocientos a los mil euros, apuntan fuentes del sector de las viviendas turísticas.

No obstante, desde Aviturga lo que se pretende es que se institucionalice y normalice la relación con un sector en continuo crecimiento y que las cifras que aportan al negocio turísticos se puedan computar también en las estadísticas oficiales.

Septiembre fue en Sanxenxo el mejor mes en pernoctaciones desde que hay registros, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento turístico. Y eso que no se computó el impacto de las viviendas de uso turístico. Solo en Sanxenxo se contabilizan casi mil setecientas plazas.

A partir del próximo 1 de enero entrará en vigor la obligación de mostrar el número de registro autonómico en las plataformas en las que se publiciten y la obligatoriedad de suministrar datos de ocupación para mejorar la información de su carga turística, por lo que los encuentros entre sector y Xunta deberán intensificarse en los próximos meses.

Aunque Aviturga tiene su propia plataforma para canalizar las reservas de las viviendas turísticas de Galicia, son los grandes grupos internacionales, nucleados en torno a las páginas web de referencia, los que canalizan el grueso del negocio. Y para ellos sí es significativo el porcentaje de alquiler de vivienda vacacional por habitaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos los propietarios de las Rías Baixas han tratado de buscar líneas de negocio al margen de las grandes plataformas, ya que las comisiones que cobran o el encarecimiento que estas suponen sobre el precio final para el turista se sitúan entre el 15 y el 20 % del total del negocio. Así, han puesto en marcha Vitgal.es, una plataforma propia como complemento a estos gigantes de Internet.

«Por nuestra parte estamos dispuestos a seguir esforzándonos en la regulación de más figuras turísticas y en la legalización de plazas, porque sigue habiendo muchas habitaciones que no están controladas», manifestó recientemente Dulcinea Aguín, la presidenta de Aviturga a La Voz.

El sector está, de hecho, en plena transformación. Si hasta ahora el grueso de los asociados son pequeños propietarios que ponen en alquiler su segunda residencia, en los últimos meses se ha detectado un mayor interés por inversores privados que concentran sus compras en zonas específicas del litoral gallego para dedicar íntegramente los pisos al alquiler vacacional.

No obstante, estos cambios sociales y económicos también están ocasionando la reacción por parte de las comunidades de propietarios. La ley permite que las comunidades de vecinos limiten los pisos turísticos y que apliquen incrementos en las cuotas de estos a la comunidad que pueden suponer un 20 % por encima de las habituales.

Los propietarios de pisos turísticos quieren que se mida su impacto en la economía

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