Cinco comunidades se descuelgan del acuerdo de fin de curso del ministerio
SOCIEDAD
Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León piden que Celaá diga con cuántas asignaturas se repite; el País Vasco dice que está preparando su propia norma
24 feb 2021 . Actualizado a las 18:37 h.Todo hacía pensar que había casi unanimidad en el diseño de fin de curso, pero habiendo mayoría España quedó lejos del consenso. Durante la Conferencia Sectorial de Educación del pasado miércoles, solo Madrid y Murcia —Galicia también, pero con menos insistencia— se opusieron a las directrices que iba desgranando Isabel Celaá sobre el cierre de este curso escolar. Incluso durante la mañana de ayer solo se oían las voces críticas de madrileños y murcianos, pero con la precipitación y sorpresa que va ocurriendo todo en las últimas semanas, al cierre de esta edición son cinco las comunidades autónomas que han decidido no firmar el acuerdo remitido por el Ministerio.
Aunque parezca increíble, pueden hacerlo, porque para aprobar una orden ministerial —ese es el rango del acuerdo— solo se necesita una mayoría de síes, el apoyo de 12 comunidades y el ministerio lo asegura. Para todos ellos (el Ministerio es la autoridad educativa en Ceuta y Melilla) el texto es vinculante; para el resto no, simplemente tienen que aplicar la Lomce, que es la ley educativa en vigor en España. Eso sí, pueden sumarse cuando quieran al acuerdo, y eso es posiblemente lo que haga Castilla y León, que está de acuerdo con la orden excepto en la parte de la titulación, que quiere analizar con más detenimiento.
Sacar el bachillerato con alguna suspensa, un motivo de rechazo
¿Por qué han dicho que no? Andalucía, Madrid, Murcia y la propia Castilla y León no quieren que los alumnos de 2.º de bachillerato se presenten a la selectividad sin haber aprobado todas las asignaturas; en la orden ministerial se explica que el claustro de profesores no lo va a tener en cuenta de forma exclusiva para que titulen y, por tanto, para que acudan a la ABAU. Las comunidades, todas gobernadas por el PP, tampoco quieren que se pase de 4.º de ESO con más de dos suspensas (la Lomce permite titular con dos pendiente si no son a la vez Lengua/Lingua y Matemáticas). Frente a estas limitaciones, en el acuerdo de la Sectorial de Educación se insiste en que serán los profesores y el claustro los que decidan si un alumno puede desarrollar las competencias esenciales del curso (o la etapa en su caso) para permitirle titular, al margen de que puntualmente hay suspendido alguna materia.
La ministra insiste en que solo los profesores pueden decidir con justicia
Las comunidades también creen (y a esa creencia se suma Galicia) que es el Ministerio de Educación, y no las autonomías o los claustros el de debe definir el número de materias suspensas que implica la repetición de curso. Pero eso es justo lo que no desea Isabel Celaá. La ministra insiste en que se trata de una situación excepcional, tanto que solo los profesores que están cerca de sus estudiantes pueden entender las dificultades de estos para sacar el curso, y actuar en consecuencia.
Claro que pasar con muchas suspensas es el último recurso. La mayoría, dice Celaá, deberán recuperar la materia suspendida (si la tienen) en este trimestre, que se perfila de repaso y refuerzo. Los centros educativos tienen que hacer un esfuerzo para llegar a los estudiantes descolgados y animarles y acompañarles. También están los exámenes de septiembre para acabar de mejorar la situación, pero en cualquier caso esta se debe ver como un todo y centrarse en la esencia, no en lo accesorio de un temario completamente desproporcionado. Además, el curso que viene ha de aligerarse de currículo para incluir lo básico de este que no ha podido ser impartido en clase.
El País Vasco prepara su propia normativa
La quinta comunidad que no firmará el acuerdo es el País Vasco, pero no porque quieran más decisiones del ministerio, sino al contrario. Cristina Uriarte dijo ayer que el Gobierno vasco está preparando su propio plan de fin de curso y a él se atendrán.
Hay que recordar que esta orden no incluye el aprobado general, sino la promoción generalizada de curso. En el caso de aprobado general todos los alumnos tienen un 5 y eso, recalcaba Celaá y todos los consejeros, es injusto para quienes trabajan duro. También se ha recalcado que el curso no ha terminado, y que el trabajo que se está haciendo en casa va a ser evaluado o, mejor dicho, valorado: solo servirá para subir nota.
Mayoría de apoyos en las consejerías
Madrid fue de las comunidades más contundentes en las críticas, incluso agresiva. Enrique Ossorio, su consejero de Educación, dijo que el Gobierno ha dejado «al albur de cada comunidad autónoma con cuántos suspensos titula», pero que en Madrid va a ser con «cero suspensos». Por eso, en la comunidad los que hayan suspendido las dos primeras evaluaciones tendrán que examinarse en el mes de junio, en las llamadas pruebas de evaluación (antes globales), que serán del 15 al 25 junio (la previsión antes de la pandemia). Lo curioso es que esas pruebas están denostadas, ya que la Lomce considera que la evaluación es continua siempre, y por tanto si se aprueba la tercera evaluación se aprueba el curso. Ossorio dijo que todo se debe a que el Ministerio de Educación hace «dejación» de funciones y «no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima».
«Al Ministerio de Educación no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima»
La consejera de Educación en Murcia, Esperanza Moreno, pidió a la ministra que regule con una instrucción la promoción y titulación de los alumnos para evitar desiguladades entre las comunidades.y que mientras «no lo ratificamos», dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno. Para esta comunidad, sería una «injusticia» que cada territorio tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos.
Castilla y León quiere analizar más el texto
La Junta de Castilla y León ha trasladado al Ministerio su apoyo general al acuerdo, salvo con el apartado de la promoción y la titulación, para el que ha pedido más concreción, que quiere analizar en una nueva reunión. Para la Junta, estos puntos no son «tan urgentes como el resto de cuestiones en las que sí hubo consenso y que permite a las comunidades avanzar en la gestión de la educación». Por la mañana, Rocío Lucas, la consejera, solo se fijaba en la parte positiva: que la promoción sea la norma general y la repetición del curso, la «excepción», lo que coincide con la que defiende Castilla y León y «el resto de comunidades» porque, según detalló Rocío Lucas, es la filosofía que se mantiene normalmente y en esta «circunstancia tan excepcional más todavía».
La Junta de Andalucía ha manifestado que «en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa» las condiciones de promoción o titulación de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno. Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que aprobar.
Galicia envía ocho alegaciones en las que acusa a Isabel Celaá de dejación de funciones
El caso de Galicia es singular, porque compartiendo con las anteriores comunidades parte de los criterios y acusando incluso al ministerio de «dejación de funciones», ha decidido aceptar la norma por lealtad institucional pero ha emitido un documento con las ocho discrepancias que tiene ante la orden ministerial:
Por la Constitución. Al amparo del artículo 149.1.30 de la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos. El Gobierno de España hace dejación de sus funciones.
Igualdad. Dicha regulación responde al principio de igualdad de todos los españoles.
Suspensos. La concreción de dichas competencias supone para el Gobierno la obligación de determinar el número de materias suspensas con las que es posible promocionar o, en su caso, titular.
FP y otros estudios. Respecto de las enseñanzas de FP observamos una evidente contradicción entre lo previsto y lo que se ha tramitado para formación de centros de trabajo (FCT). En las enseñanzas artísticas y deportivas existen cuestiones técnicas ambiguas en los documentos enviados y se omite cualquier tipo de referencia a las enseñanzas de idiomas y de adultos.
Refuerzo en julio. Las medidas para un eventual refuerzo educativo en julio exigen la habilitación de los créditos oportunos del ministerio a través del Fondo de Cooperación Territorial.
Recursos tecnológicos. Sobre la puesta a disposición de los recursos tecnológicos, la comunidad considera insuficientes los recursos enviados.
Disposición final. El borrador de Orden, enviado por correo electrónico a las 20.51 horas del miércoles (...) necesita de una disposición final en la que se haga constar el carácter básico de dicha disposición al amparo del artículo 149.1.30.
Resto de comunidades
Por su parte, el País Vasco se desvincula pero justamente porque no quiere intervención del Gobierno central. Para Cristina Uriarte, más que un acuerdo, es un «documento con criterios y orientaciones» del Ministerio, que en todo caso ve «bien», pero el Departamento de Educación prepara su propio plan de fin de curso que presentará a lo largo de la próxima semana o a principios de la siguiente.
A favor de la orden ministerial están las otras comunidades, que a lo largo del día compartieron su opinión sobre la orden:
El consejero balear, Martí March, se mostró favorable a la filosofía del cierre de curso, y asumió que la «excepcionalidad no acabará ahora» ya que el año que viene hay que ajustar los aprendizajes a la falta de clases presenciales en este trimestre. Sobre este asunto también se centró el consejero navarro; Carlos Gimeno destacó el carácter posibilista de la propuesta de consenso realizada por el Ministerio, y añadió que ya están trabajando en unificar este curso y el próximo.
La consejera de Extremadura, Esther Gutiérrez, dijo estar satisfecha y defendió el papel de los docentes para «valorar la realidad de cada estudiante», mostrando una «confianza total y absoluta» para que estos profesionales así lo hagan.
Marina Lombó, de Cantabria, contactó por vía telemática con la junta de personal docente y vocales de los comités de directores de primaria, secundaria y concertada para informarles de la sectorial.
La consejera asturiana, Carmen Suárez, anunció que este trimestre es para afianzar los conocimientos y competencias básicas que el alumnado debe tener. Se trabajará con actividades, preferiblemente interdisciplinares, de recuperación, repaso y refuerzo. «Solo excepcionalmente se abordará la ampliación de contenidos». La responsable asturiana ha pedido a todos los centros que preparen un plan de trabajo en el que recojan las acciones que van a llevar a cabo para continuar con la tarea docente a distancia.
María José Guerra, consejera canaria, dijo que en su comunidad «no se evaluarán nuevos contenidos» durante el tercer trimestre, cuando únicamente «se repasará y profundizará en lo ya dado» a lo largo del presente curso escolar. Todo ello con el objetivo de «ir siempre a favor del alumnado».
Rosa Ana Rodríguez, de Castilla-La Mancha, apoyó el acuerdo porque en este curso escolar debe procurarse aún más que el hecho de repetir curso no sea «una medida para penalizar al alumno» sino que sirva para «aquellos casos que, excepcionalmente, no puedan abordar enseñanzas superiores».
«Hay un elevado índice de excepcionalidad que tenemos que afrontar con un elevado grado de flexibilidad»
El valenciano Vicent Marzà negó, como el resto, el aprobado general: «Evaluaremos a todo el alumnado. Cada uno tendrá sus notas», igual que hizo su homólogo catalán, Josep Bargalló.
En La Rioja «flexibilidad» es la palabra clave. Como dijo su responsable, Luis Cacho: «Hay un elevado índice de excepcionalidad que tenemos que afrontar con un elevado grado de flexibilidad».
